La Constitución española recoge en el párrafo segundo de su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de las madres por lo que la falta de apoyo a las mujeres embarazadas en dificultades o ante un embarazo imprevisto constituye un atentado a la igualdad y a la libertad de la mujer.
El nuevo gobierno contemplaba en su programa el compromiso de aprobar una ley de protección a la maternidad que está dando sus primeros pasos y seria deseable que esta red de apoyo a la mujer embarazada se extendiera por toda España y que estuviera dotada del suficiente apoyo económico para que cumpliera con sus propósitos asistenciales.
El anterior gobierno, apoyado por los grupos feministas radicales, y legislando en base a los "derechos reproductivos" de la mujer, ha agravado el problema porque se han creído jueces y árbitros de la vida de muchas mujeres, robándoles su derecho a decidir en libertad y sin presiones e imponiéndoles ideas que contradicen su naturaleza femenina, hasta el punto de provocar que a las mujeres se les deje cada vez más solas con su responsabilidad y su conciencia y que acaben asimilando un embarazo indeseado con un hijo indeseable.
El señor Gallardón ha sacado de nuevo a la palestra el derecho a la maternidad, ponderando que la ayuda efectiva para la mujer es compartir sus dificultades, es no dejarlas solas y es cargar en las espaldas de todos un poco de su peso y no matarles el hijo.
Enhorabuena por esta nueva esperanza.
Victoria Blasco López
