Terminado el periodo consultivo el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno se dispone a darle trámite parlamentario. Como se sabe, el proyecto ha sido remitido al Consejo de Estado y a los "zerolos", en palabras del vocal del CGPJ, José Luis Requero. No se ha remitido al CGPJ, quien ha amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad. "A mí me deja perpleja y ciertamente sorprendida", señala la vicepresidenta.
De la Vega dice respetar la posición de la mayoría "conservadora", pero afirma que el Gobierno actúa en el ejercicio de sus competencias: "Seguiremos adelante a pesar de las reticencias". O dicho de otro modo, haremos lo que nos parezca oportuno y aplicaremos el rodillo porque la mayoría actual del Consejo nacido de una mayoría parlamentaria distinta a la actual, no nos complace. "Se me escapa la radicalidad de algunos frente a una propuesta moderada de un Gobierno que sigue un mandato parlamentario", añade. O sea cuidadín que el rodillo podría ser superior. Increíble.
Por lo demás, De la Vega ha tratado de minimizar el impacto de la reforma. Afirma que se trata sólo de un punto y que la decisión de elegir los altos cargos judiciales por la mayoría de 3/5 supone equiparar el nivel de consenso exigido para los magistrados del TC. "Esto lo entiende cualquiera que aplique el sentido común", señala. O sea, que la mayoría conservadora no tiene sentido común. Pues, ¡qué bien!
Conviene recordar la lectura que el consejero Adolfo Prego hacía de la reforma: "Es como estrechar la propia portería cuando a mitad del partido uno va perdiendo". Más claro, agua.
