Según fuentes jurídicas de toda solvencia, el juez de Familia de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, podría ser condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación culposa en el discutido caso de la patria potestad de la hija de la pareja de madre lesbiana (que quería dar a la niña un padre... lesbiana). De esta manera el juez tendría que abandonar Murcia, que siempre ha sido la exigencia del presidente del Tribunal Superior de Murcia, Juan Martínez Moya.
Según estas mismas fuentes jurídicas, la sentencia se dará a conocer el próximo martes 23 a las 12,00 cuando se procederá a su lectura pública. La sentencia también incluiría la suspensión de dos años de empleo y sueldo y el pago de las costas judiciales
El mundo jurídico y judicial está pendiente de conocer qué argumentación será utilizada para sostener la condena. Porque la vista evidenció que el juez actuó conforme a derecho, con la diligencia debida y buscando siempre el interés de la menor.
En caso de que se confirme esta noticia, las grabaciones en las que se pone de manifiesto el chantaje exigido al juez Ferrín pueden convertirse en la segunda parte de este culebrón judicial. Y es que el amigo de Cándido Conde Pumpido, el fiscal del Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, no se atrevió a desmentir la exigencia de 10.000 euros para que abandonara el caso.
La respuesta a una eventual sentencia condenatoria podría empezar con la presentación de una querella contra el juez instructor de la causa, Manuel Abadía, por una prevaricación culposa y dos dolosas. Y es que Abadía aceptó la causa a pesar de no apreciar indicio de delito para no contradecir a la Sala. ¿Dónde queda la independencia del instructor? Posteriormente modificó la calificación jurídica sin practicar pruebas adicionales. Doble prevaricación de libro.
