El Gobierno se había comprometido a que no tomaría ninguna decisión laboral sin contar con el consenso de los agentes sociales. Argumentaba que no tendría sentido lanzar una reforma no consensuada por quien tiene que aplicarla, porque dejaría de ser eficaz. De esta manera hacía explícito su compromiso de 'subcontratar' la política laboral.
Pero el diálogo social parece estancado y ahora el Gobierno decide coger el rábano por las hojas y cambiar de estrategia. En la mañana de este miércoles, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, advierte que el Gobierno se reserva el derecho a decidir en caso de que no se alcance un acuerdo. Advertencia hecha. Para no mucho. Porque el Gobierno ya ha sugerido que ni va a rebajar las cotizaciones sociales (verdadero impuesto sobre el trabajo que merma nuestra competitividad) ni va a reformar el modelo contractual. Así que en realidad amenaza para casa nada: rebaja de las cotizaciones de los jóvenes y 'contrato alemán', otro 'manguerazo' para aguantar el empleo en la industria. Mala fórmula: mientras en Francia repunta la producción industrial, en España se encuentra en caída libre.