• El presidente despeja cualquier duda sobre la inconstitucionalidad del "referéndum de autodeterminación", pero insiste en el diálogo (sin trampas).
  • ¿Derecho a decidir La soberanía es nacional, de todos los españoles: "Una parte no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos".
  • Recuerda que la consulta "va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España".
  • Los partidos soberanistas no se inmutan: siguen adelante para que la Comisión de Control garantice el 9-N.
  • Los pasos legales están marcados: si el Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos, suspendería automáticamente la consulta.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (en la imagen), ha comparecido ante los medios para dar cuenta de los recursos del Gobierno para detener a Artur Mas. Ha sido una declaración muy meditada con dos partes diferenciadas: una, para explicar que no hay encaje constitucional posible con los planteamientos actuales, y una segunda para dejar una mano tendida al diálogo para evitar que una tormenta perfecta. Nada cambia, por tanto, en el juego de normas y recursos. Todos siguen adelante. Los saben todas las partes en este laberinto judicial y lo miden -como en un termómetro infalible- las reacciones posteriores (el PSOE habla, como Rajoy, de irresponsabilidad y rechazo de los soberanistas. Un espectador neutro sólo puede sacar una conclusión: la tensión terminará pero puede hacerlo como en el rosario de la aurora.

Analizamos las piezas. Primero, la declaración de Rajoy. Sí, el Gobierno ha concretado en un Consejo de Ministros extraordinario los dos recursos de inconstitucionalidad (contra la Ley catalana de consultas no refrendatarias y contra el decreto de la convocatoria de la consulta para el 9-N). Hasta el propio Rajoy temía ser reiterativo en los argumentos, sobradamente conocidos, que se resumen en los dos últimos pasos incompatibles con la Constitución que ha dado Artur Mas.

La consulta, ha dicho Rajoy, "atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles", en los que se reside la soberanía: "Una parte no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos".

Eso no quiere decir que la Constitución no sea reformable, pero deberá hacerse por los propios "procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma". Como Artur Mas insiste en contraponer ley y democracia, Rajoy le ha replicado que "sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política".

En la segunda parte de la declaración, Rajoy se ha explayado en el diálogo, que es otro de los argumentos del nacionalismo catalán contra España: la respuesta siempre es no, alegan. Sobre este punto, Rajoy ha dicho que el diálogo está abierto, pero choca con la política de hechos consumados de la Generalitat. Presenta una propuesta unilateral inaceptable y luego pretende que el Gobierno no sólo la acepte sino que encuentre "las vías políticas y legales para llevarlas a cabo".

A modo de conclusión, Rajoy ha dicho que lamenta que Artur Mas haya convocado esta "consulta de autodeterminación" porque "va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar. Por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz. Lo peor es que lo sabía desde el principio".

Pero a pensar de la firmeza, ha vuelto a tender la mano: "Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero". Pero dejando muy claro que mientras Rajoy sea presidente del Gobierno, "la ley se va a respetar en toda su integridad".

¿Ha cambiado algo De momento, no. Los partidos soberanistas (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) han pactado este mismo lunes los siete miembros de la Comisión de Control, el órgano previsto en la Ley de Consultas para que la consulta se realice el 9 de noviembre. Eso por un lado. En lo declarativo, la reacción de CiU, que será la que tenga que decidir finalmente qué se hace,  ha sido a través de su secretario general, Ramón Espadaler, ha sido rápida y explícita: ha denunciado que Rajoy da por hecho que sus iniciativas inconstitucionales como si fuera el portavoz del Tribunal Constitucional. Diálogo de sordos.

En paralelo, la abogada general del Estado, Marta Silva, ya ha registrado ante el Tribunal Constitucional los dos recursos del Gobierno contra la ley catalana de consultas no refrendatarias y el decreto con el que Artur Mas ha convocado el referéndum para el 9 de noviembre.

Con esos recursos se concreta en la práctica lo que ha dicho Rajoy, sin entrar en detalles, y llevamos un par de meses escuchando. El presidente del TC, Pérez de los Cobos, ya ha convocado para este lunes al Pleno del Alto Tribunal. En segundo lugar, la admisión a trámite de la impugnación suspendería automáticamente la consulta por la independencia, que el tribunal puede ratificar o levantar en un plazo de cinco meses. En tercer lugar, al admitir las demandas del Gobierno, dará traslado de ellas al Congreso y al Senado y la Generalitat para que formulen en 15 días las alegaciones.

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com