Los rumores apuntan a que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal podría limitar o incluso impedir la acción popular. Precisamente esa que ha permitido sentar en el banquillo a Garzón y reabrir el caso Faisán. Es decir, la mayoría de los temas interesantes. Caamaño responde que hay diversas interpretaciones sobre la legitimidad de la acción popular. En realidad sólo hay una: la acción popular es siempre legítima como garantía última de la acción de la justicia. Y sobre esta interpretación, una excepción, a la practicada sobre el caso de las cesiones de crédito del Santander, la llamada doctrina Botín. ¿Cuál es la posición del Gobierno? Estamos dialogando con los grupos parlamentarios, responde. O sea que el Gobierno no cierra la puerta a restringir la acción popular.
En cuanto al nuevo Código Penal, señala que sí hay un acuerdo sustancial en temas como la libertad vigilada y nuevas figuras delictivas. En cuanto a la Ley del menor, cuya polémica se ha reabierto por el robo de un coche de El Rafita, Caamaño reitera que no hay que reformar la ley por una conducta individualizada o por fallos en el sistema y reitera también que la Ley del menor es razonable y acertada y recuerda que acaba de ser reformada.
