La obligación para los médicos de recetar por principio activo es una de las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada, pero va acompañada de la reducción de un 15% en el gasto de los medicamentos con patente que lleven más de 10 años en el mercado y que no tengan genérico. En tercer lugar, se agilizará el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos, así como sus precios de referencia y se revisarán los ya existentes.
El laboratorio más afectado por estas medidas es Almirall. El intento del Gobierno por reducir el gasto en medicamentos penaliza a las compañías que realizan I D y Almirall está entre ellos.
La segunda empresa farmacéutica más afectada es Rovi, para la que el 55% ventas son medicamentos con prescripción y del resto destacan fabricación para terceros con un 30% de las ventas.
Por distintas razones FAES también se ve afectada. El 90% de sus ventas se realiza en España, por lo que el impacto de la regulación está calculado en unos 9 millones de euros.
Mariano Tomás
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