Según el Gobierno madrileño, si el presidente de Caja Madrid se obstina en no aplicar la ley incurriría en falta muy grave

Blesa enviará a un acto con Aguirre a su director general Matías Amat, para no coincidir con la presidenta.
Una de dos: o leemos entre líneas la carta enviada por el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, o nos atenemos a la propia interpretación del Gobierno regional: No aplicar la ley es una falta grave, que puede ser castigada con inhabilitación para el cargo. No se trata de un despido, sino de una sanción.

Esto es vital para dirimir la batalla. Veamos. Blesa pretende judicializar la Presidencia. Mientras los tribunales deciden si puede mantenerse en el cargo hasta el 2015, pasarán entre dos o tres años, con Aguirre paralizada. Ahora bien, si es inhabilitado, y le echa de su despacho la Guardia Civil, la pelota queda en su tejado. Podrá reclamar a los tribunales... y ya veremos cuándo deciden. Pero él estará fuera.

El caso de Caja Madrid es único. Jamás un presidente de Caja se había atrevido a desafiar a la entidad tutelante. El enfrentamiento ha llegado a las manos y, por decir algo, la próxima semana, donde se firma una línea para pymes madrileñas entre varias entidades financieras y el Gobierno Aguirre. Blesa ha decidido no acudir por problemas  de agenda por lo que será sustituido por el director general Matías Amat.