Vodafone España fue la primera teleco, y hasta ahora única, que se plantó ante los elevadísimos precios de los derechos de retransmisión del fútbol y, sobre todo, ante un modelo de negocio en el que salía más perjudicada que Telefónica y Orange. El golpe inicial fue duro, pero a la larga se ha demostrado que la estrategia fue la acertada, según el presidente y consejero delegado, Antonio Coimbra, que este martes ha participado en una rueda de prensa telemática para presentar los resultados anuales de la compañía.

Todo ha crecido durante el ejercicio (del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020), aunque la compañía todavía no ha entrado en terreno positivo ni ha logrado alcanzar los niveles de años anteriores. Así, los ingresos por servicio aumentaron un 6,6% durante el ejercicio, hasta los 3.904 millones de euros, y el Ebitda creció un 19,5% entre el primer y el segundo semestre.

También aumentó el número de clientes, especialmente durante el último trimestre: 51.000 en móvil de contrato, 28.000 en fibra y 41.000 en televisión. Vodafone ha cerrado su año fiscal con 2,4 millones de líneas con datos ilimitados, uno de los pilares de su estrategia comercial que ha marcado tendencia en el sector.

La evolución ha sido positiva, pero la matriz del grupo ha reducido el valor de la filial española en 800 millones de euros, algo que Coimbra ha calificado de “prudencia financiera” ante la incertidumbre de la crisis económica que se nos está echando encima.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más regulados, especialmente en Europa y en España, donde sus responsables están permanentemente pendientes del BOE. Ahora, en tiempos de pandemia, también. Incluso, la relación con el Gobierno se ha estrechado, entre otros motivos porque Economía le ha pedido a Vodafone, y al resto de operadoras, datos agregados de sus clientes para ver la movilidad de los ciudadanos.

El caso es que la ministra Nadia Calviño ha reconocido la importancia que tienen las redes de telecomunicaciones en general y la de Vodafone en particular, algo que la directora de regulación legal de Vodafone España, Elena Otero-Novas, confía en que sirva para que el Gobierno tenga en cuenta al sector y haga las reformas necesarias. “Esperamos que el Gobierno se enfoque en garantizar la sostenibilidad de las redes y eso requiere inversión por parte de los operadores”, ha afirmado.

En definitiva, las peticiones de Vodafone al Ejecutivo se resumen en: adecuar la estructura fiscal del sector (las telecos pagan cientos de tasas distintas, entre nacionales, autonómicas y locales), reformar las subastas de espectro y revisar medidas de Competencia como, por ejemplo, los principios para la compartición de redes. Otero-Novas es optimista al respecto. Quizá demasiado.

En definitiva, Vodafone ha encontrado el camino del crecimiento. Ahora necesita seguir por él y que no se tuerza.