La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión de los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma, así como del extesorero de CDC Daniel Osàcar, para cumplir las penas que les impuso el Supremo por el desvío de fondos a través de la entidad cultural.

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía ha pedido a la sección décima de la Audiencia de Barcelona que ejecute la sentencia del caso Palau, una semana después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas a los responsables del desfalco y del pago de comisiones ilegales a CDC.

La situación pone en alerta también a la Fiscalía, que logró probar el pago de 6,6 millones de euros por parte de Ferrovial -que presenta resultados el viernes 8 de mayo- al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

Respecto a este pago, en su petición, el ministerio público también pide a la Audiencia que expida los requerimientos oportunos para que CDC devuelva los 6,6 millones de comisiones ilegales que cobró a través del Palau de la Música.

A la vista de la sentencia, se puede concluir que los convergentes del Palau sí ingresan en prisión y, por ejemplo, los socialistas de los EREs, no.

Véase los casos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes y exministros de Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas ilegales que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. Chaves fue condenado a nueve de inhabilitación por prevaricación y Griñán a seis años de prisión 15 de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el caso de Griñán, ahora en manos del Tribunal Supremo, si este órgano llegara a confirmar su ingreso en prisión, entonces la situación sí sería mucho más problemática para el socialista, ya que el Alto Tribunal tiene como norma suspender las condenas que no superan los cinco años de prisión, pero es una norma genérica y no escrita. Por tanto, si el Supremo confirmase la condena a Griñán lo previsible es que tuviese que ingresar en prisión hasta que resolviese el Tribunal Constitucional. Pero, por el momento, no hay ingreso en prisión.