• La ministra Tejerina insiste en que el Gobierno no puede fijar los precios porque atentaría contra las normas europeas.
  • Y las organizaciones agrarias le contestan que investigue las prácticas abusivas y las disfunciones en la cadena de distribución.
  • Una realidad: más del 50% de la industria láctea española está en manos francesas como Lactalis o Danone.
  • El sector lácteo es deficitario porque se consume más de lo que se produce y hay que importar de productores extranjeros.
Hay una guerra soterrada entre los ganaderos y distribuidores a propósito de los precios de la leche. Y es normal. Para los primeros, con los precios actuales, están condenados a la ruina. Y los segundos se defienden diciendo que respetan la normativa. Y en medio de la tensión está la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que intenta, con escaso éxito, acercar posiciones. Ya ha celebrado una primera reunión con los afectados, pero sin avances. Ah, y entre tanto, las movilizaciones, que se alargarán hasta septiembre. Hay una cosa inapelable, en cualquier caso: el negocio es imposible si los precios que pagan los distribuidos están por debajo de los costes para los ganaderos. Si producir un litro de leche cuesta 0,34 euros y el precio en origen está en 0,28, no hay margen para el beneficio. En el sector, mientras, crecen las sospechas de un juego sucio, que se une a una realidad: más del 50% de la industria láctea española está en manos de compañías francesas (como Lactalis o Danone). Eso, unido al final de las cuotas, tras el decreto de abril, completa el enrevesado puzle para deducir que lo que está ocurriendo es que se importa demasiada leche, lo que explicaría, a su vez, el impacto en los precios. Dos datos: si España cuenta con una producción de 6,5 millones de toneladas y la demanda que hay que abastecer alcanza los 10 millones de toneladas, concluyan de donde llega el resto: de los excedentes de otros países. Y a eso añadan que la industria láctea está acostumbrada a traer leche de Francia y Portugal y no deja a los ganaderos producir lo mismo que el año pasado. La solución a este desaguisado, según la UPA y de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos sería el modelo francés, en el que el Gobierno fija un precio mínimo de venta para que se cubran al menos los costes de producción. Pero el Gobierno insiste en que eso no es posible. Este jueves, la ministra Tejerina ha vuelto a recordar que el Gobierno no puede fijar esos precios porque atentaría contra las normas europeas de competencia. "Estamos poniendo sobre la mesa numerosas medidas que mejoren el valor que se da a la leche a lo largo de la cadena de distribución", ha dicho hoy. Pero las organizaciones agrarias insisten en las movilizaciones hasta el 10 de septiembre porque necesitan una solución urgente; no pueden esperar. La caída de los precios les está ahogando y acumulan hasta cuatro meses sin cobrar. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciando este jueves en una nota la pasividad del Ministerio de Agricultura, "que sigue convocando reuniones de las que no sale ninguna solución". A su juicio, el Gobierno "no está asumiendo, que consiste en tutelar que el mercado no se vea alterado por prácticas abusivas de la industria, importaciones agresivas y disfunciones de la cadena alimentaria". Rafael Esparza rafael@hispanidad.com