El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del proceso independentista, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa, recoge RTVE.

Hace dos días, el diario El Mundo publicó una entrevista con el ministro de Hacienda en el que este subrayaba que desde que el Gobierno, a través de su departamento, ejerce el control de las cuentas de la Generalitat intervenida, ningún dinero público ha ido a parar al llamado 'procés'.

"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de (Carles) Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", recoge el diario en su entrevista, si bien Montoro añadió que "la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo". Hacienda ejerce, además de acusación particular en este sumario.

la Guardia Civil sospecha que la Generalitat camufló pagos del referéndum ilegal del 1-O

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dicho que aportará al juez Llarena, toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria de la Generalitat, informa RTVE.

En un comunicado, Hacienda ha contestado en estos términos a la decisión del juez Llarena y ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.

En resumen, Cristóbal Montoro tiene que 'sacar la pata'. Preesumió de que ni un euro del presupuesto había financiado el falso referéndum del 1 de octubre.  

Por su parte, la Guardia Civil sospecha que la Generalitat camufló pagos del referéndum ilegal del 1-O en gastos que fueron gestionados por la asociación independentista Òmnium Cultural y por la coalición de Gobierno de Junts pel Sí (JxSí), informa tambièn RTVE.

Así se desprende del informe remitido por el cuerpo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que se acredita una supuesta malversación de 1.915.067,22 euros por parte de la Generalitat y más de 17.000 euros procedentes de Junts pel Sí, que pudo pagar un acto público el 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña con subvenciones públicas.