La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) interpuso ayer una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra María Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, por un supuesto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales, contemplado en el artículo 542 del Código Penal; “por tratar de frenar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, informa Confilegal.

Esta organización de juristas, que preside Polonia Castellanos, considera que la postura de Celaá respecto al ‘pin parental’ “viola” el artículo 27.3 de la Constitución, que establece que “los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; el artículo 16.1 de la Carta Magna, que establece “el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto”; y el artículo 39.3, que establece “el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos”, añade Confilegal.

El Ministerio de Educación ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería murciana de Educación y Cultura referentes al ‘pin parental’, que lleva en vigor en los centros escolares desde comienzo de curso, recuerda el mismo medio.

Castellanos ha anunciado en un comunicado que Abogados Cristianos se personará este procedimiento judicial iniciado por Celaá contra el gobierno de Murcia por la instauración del ‘pin parental’. Abogados Cristianos afirma también que la titular de Educación, con su posición en contra del ‘pin parental’, “está actuando en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que establece que “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”, informa Confilegal.

Polonia Castellanos tacha de “inadmisible que la ministra asegure que los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el ‘pin parental’, algo que debería ser un derecho de todos los padres”, recoge este medio.

El ‘pin parental’ es, según VOX, que incluyó en su programa esta medida, una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos” para que informen a los padres previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los hijos, de tal modo que los progenitores puedan “conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas” y en base a ello dar su “consentimiento o no”, para que el hijo asista a dicha formación.