- Los bonistas aprueban los acuerdos para adaptar las emisiones a la legislación española.
- Gonzalo Urquijo cierra capítulo ante futuras alegaciones o conflictos de jurisdicciones.
- El visto bueno ha llegado en la segunda convocatoria de las asambleas de bonistas.
- Otra cosa son las impugnaciones de los que no se adhirieron al plan de refinanciación, una incógnita.
Abengoa tenía previsto una prórroga extra para los bonistas que no pudieron adherirse al
plan de reestructuración de la deuda en el plazo previsto, que acabó el 25 de octubre. Era el último fleco que quedaba por cerrar, después de la
junta extraordinaria de accionistas que
enterró la
vieja Abengoa o, lo que es lo mismo, el nacimiento de la
nueva Abengoa.
La mayoría de los
bonistas, como el resto de
acreedores -en total el 86% de la deuda-, apoyó el acuerdo y así se trasladó al juez de lo
Mercantil para que procediera su
homologación antes de la junta. Pero quedaban algunos rezagados, a los que se había dado un plazo extra, contemplado también en el plan.
Ese es el sentido del
último hecho relevante a la CNMV comunicado ayer lunes por
Abengoa. En él se da cuenta de la
asamblea general de bonistas, celebrada en segunda convocatoria (la primera convocada el 27 de octubre) y el aval a los acuerdos de entonces, entre ellos cambiar la ley aplicable y la jurisdicción que manda.
La firma concreta así, básicamente, el
arraigo de la jurisdicción española en los contratos de reestructuración pendientes, ya que los titulares de las emisiones estaban sometidos a la
legislación británica. Otra cosa ha sido las pocas pegas puestas por los bonistas por dos razones: en primer término porque, a su jucio,
facilita la gestión, y en segundo término, porque la
minuta de los servicios jurídicos es más barata en España que en Reino Unido.
Quedaba en suspenso ese visto bueno (en términos y condiciones), cuyo objetivo es evitar conflictos de jurisdicciones o las futuras alegaciones de algún bonista que diga que no le afecta el contrato de reestructuración.
La comunicación pone de relieve, además, el
esfuerzo de transparencia de la nueva Abengoa- al margen de que los medios no se hayan hecho eco-, por contraste con la etapa anterior.
Se trata de dos emisiones de bonos, una de 500 millones,
con un coste del 8,5%, con vencimiento este año, otra de 250 millones, al 4,5%, con vencimiento en 2017.
El caso no tiene nada que ver con las
impugnaciones de otros bonistas, como la que prepara la
Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que no se adhirieron al plan de refinanciación. Estos afectados consideran "abusivo" el acuerdo "tomado por la mayoría en su perjuicio".
Es la razón por la que impugnarán la homologación judicial. Ahora bien, ¿con qué recorrido? El juez amplió el acuerdo
a todos "los acreedores de pasivos financieros que no lo hayan suscrito o que hayan mostrado su disconformidad".
El juez de lo Mercantil siguió
el mismo criterio con el que paró los pies a las aseguradoras y a Felipe Benjumea: si hay facilidad de acuerdo, hágase todo lo posible para facilitar el acuerdo.
Rafael Esparza
