(Exclusivas de la prensa de papel 20/11/20202) La concertada buscó a la desesperada el apoyo de alguien religioso, Oriol Junqueras, desde la cárcel

Cuarenta y ocho horas antes de que el Congreso diera luz verde a la «ley Celaá», la educación concertada buscaba un apoyo desesperado para salvar a sus centros. Lo intentaron con el PSOE, sin éxito. Después, probaron con un sector católico afín al partido de Sánchez. Pero la respuesta fue tajante: «Para qué nos vamos a reunir, está todo pactado», dijeron desde el PSOE. Entonces se pensó en alguien con fuertes convicciones religiosas: Oriol Junqueras, el líder de ERC, el partido que podría cambiar la votación de una enmienda a favor de la concertada. Pero ERC, finalmente, votó a favor de la Ley Celaá. (ABC)

El PP se movilizará en la calle contra la ley de Educación. La «guerra educativa» vuelve a acelerarse a toda máquina. La Ley Celaá no ha superado aún su tramitación en las Cortes, falta su paso por el Senado, y en la sede nacional del PP están ya preparando la artillería legal y parlamentaria para «calentar» el boicot contra esta nueva norma. «Ataca a la concertada y a la educación especial, y destierra el castellano», dice el lema que encabezará todas las movilizaciones, también en la calle. El PP se sumará a todas las protestas que se convoquen. Vox prepara su propia artillería, pero, a diferencia del PP y de Ciudadanos (Cs), este partido no tiene gobiernos desde los que dar continuidad a su lucha. Sí los tiene el PP, y también Cs, y harán uso de ellos para confrontar con el modelo educativo que el Gobierno de coalición ha pactado con ERC y PNV. «La protesta social es legítima y la apoyaremos», sentencian en Génova. (La Razón)

El juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos ha dado cinco días de plazo al partido de Pablo Iglesias para que aporte al juzgado «la liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid» en relación a la reforma de su sede de la calle Francisco Villaespesa de la capital. El ex abogado del partido José Manuel Calvente aseguró en su declaración judicial al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que en junio de 2019 advirtió al partido de que la licitación de la obra fue una «tapadera» para camuflar una adjudicación supuestamente decidida de antemano. El magistrado ya apremió a la formación morada en un auto del pasado 26 de octubre a remitirle la documentación que había solicitado en julio sin éxito. Y encarga a la brigada Antiblanqueo que investigue otro pago de 75.000 euros de Podemos a Neurona. (La Razón)

El partido de Iglesias usó la querella por acoso sexual para despedir a Calvente. La Audiencia de Madrid rechaza que el abogado que denunció a la formación liderada por Pablo Iglesias cometiera un delito de injurias contra una ex compañera. (La Razón)

La crisis migratoria en Canarias se ha convertido en un polvorín social y político en el que varios sectores presionan hacia una salida natural: el traslado de una parte de los migrantes a la península. Es la opción preferida de la política canaria e incluso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, el Gobierno descarta la idea, sobre todo Interior, porque dice que supondría un efecto llamada y porque Europa no lo toleraría, según fuentes del Ejecutivo. Se efectúan traslados muy discretos y con cuentagotas: en lo que va de año unos 1.800 frente a los 18.000 que han llegado a las islas, según fuentes conocedoras de los operativos. (El País)

Frontex ya alertó en febrero de la crisis migratoria en Canarias. Los especialistas en inmigración ya alertaron a las autoridades hace meses de que la ruta atlántica, la que lleva desde África a Canarias, iba a ser reactivada por las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos. Analistas de la comisaría general de Extranjería y Documentación y especialistas de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, coincidieron en sus análisis: se avecinaba una crisis migratoria en la ruta desde la costa atlántica a Canarias. «De Marruecos no se mueve a las costas europeas ni un solo ciudadano sin que su Gobierno lo consienta, lo controla todo», aclaran fuentes policiales dedicadas durante lustros al control migratorio. Por eso, entienden que cualquier solución de esta crisis pasa por sentarse y adoptar medidas de futuro con Marruecos. (El Mundo)

La Policía se defiende tras las acusaciones de Interior sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias. La Policía y el Ejército trabajan al máximo de sus posibilidades en Gran Canaria, punto neurálgico de la crisis migratoria que sufre el archipiélago. Este jueves fueron evacuados otros 200 inmigrantes al centro improvisado en las instalaciones militares de Barranco Seco, que aún es acondicionado a toda prisa. «Por no tener, no tenía ni un cercado», dicen las fuentes consultadas por ABC. «Ha habido que instalar baños, tiendas, camastros, organizar las comidas, la atención médica, equipar oficinas... No es fácil, y para que todo esté a punto aún queda», añaden. El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director Adjunto Operativo, José Ángel González, supervisaron «in situ» los trabajos. (ABC)

Moncloa fió la crisis de Canarias a un «cambio meteorológico». Pese al goteo de cayucos, Exteriores apostó ante su gabinete por una «solución natural» con la llegada del mal tiempo. El Gobierno improvisa un plan ante la llegada prevista de miles de turistas a las islas el próximo 2 de diciembre. (La Razón)

La gota que colmó el vaso, para muchos en el PSOE, fue la enmienda registrada por la formación morada con ERC y Bildu para prohibir los desahucios. “Deslealtad” fue lo más suave que se oyó en las filas socialistas, que acusaron al grupo confederal de romper el acuerdo para registrar solo enmiendas conjuntas a los presupuestos. “Los acuerdos están para cumplirse, nosotros somos gente seria”, advirtieron. Ministros del PSOE empezaron a poner voz a la incomodidad. En el Ministerio de Exteriores de Arancha González Laya molestó que Iglesias interfiriera con un tuit a favor del referéndum del Sáhara en las siempre delicadas relaciones con Marruecos, ahora en plena crisis migratoria en Canarias. También la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuestionó el protagonismo de Podemos con su enmienda por sorpresa. Y ayer, otros ministros del PSOE alzaron la voz y salieron al paso de Iglesias. Sobre todo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero también el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y la de Industria, Reyes Maroto. La más contundente, como tiene por costumbre, fue Robles, que exigió “responsabilidad” a Iglesias, como miembro del Gobierno, al mar gen de su color político. “A veces, se olvidan de que tenemos que gobernar para todos los españoles”, reprochó. Y, en cuanto a la cuestión del Sáhara, advirtió que la política exterior la dirigen el presidente y la ministra Laya. Pero hasta un ministro tan comedido como el de Justicia reconoció ayer que es “absolutamente anormal” que Unidas Podemos enmiende el proyecto de presupuestos del propio Gobierno del que forma parte. “Lo tengo que decir”, se excusó Campo ante un movimiento que, reconoció, le provoca “cierta inquietud”. (La Vanguardia) (El Mundo)

La UE busca ya fórmulas para sortear el veto de Hungría y Polonia al marco presupuestario de 2021-2027 y al fondo de recuperación contra la pandemia. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE descartan la retirada del mecanismo de protección del Estado de derecho que ha provocado las iras de Budapest y Varsovia. Pero las instituciones comunitarias contemplan varias opciones para que los Gobiernos de Viktor Orbán y de Mateusz Morawiecki vuelvan al consenso. Y, en caso extremo, para seguir adelante con unas cuentas extraordinarias que no requieran la unanimidad de los socios. (El País)

Las asociaciones de fiscales creen que la reforma del proceso penal que les entregaría el mando de las investigaciones debe ir acompañada de otra reforma que amplíe el grado de autonomía respecto al Gobierno. También las principales asociaciones judiciales, más críticas aún con la reforma, lo ven imprescindible. La mayoritaria Asociación de Fiscales ve necesario «blindar a la institución de cualquier injerencia del poder ejecutivo», en palabras de su presidenta, Cristina Dexeus. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) también considera que «para tranquilidad de la ciudadanía», habría que dotar de «mayor autonomía a los fiscales», según su portavoz, Juan Antonio Frago. En cuanto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que ha pertenecido la fiscal general, Dolores Delgado, y segunda en representación–, ve bien medidas encaminadas en esa dirección, si bien su portavoz, Teresa Peramato, cree que la situación actual ya ofrece garantías. (El Mundo)

Uno de sus principales objetivos es bajar impuestos porque el alcalde de Madrid está convencido de que es positivo para la economía. “Hemos bajado la plusvalía, la tasa de residuos y el IBI, que queremos que dentro de dos años esté en el tipo mínimo legal”, explica José Luis Martínez-Almeida en una entrevista con EXPANSIÓN. Además, su intención es “bajar el IAE el año que viene”. El también portavoz nacional del PP se muestra tajante al afirmar que luchará con “todos los instrumentos jurídicos que tengamos” para impedir que el Gobierno central suba el Impuesto de Patrimonio en Madrid. (Expansión)

El boom del comercio electrónico tiene un efecto positivo para los consumidores en España, porque favorece la competencia, la entrada de más actores en los distintos mercados y, por tanto, impulsa los precios a la baja. Y aunque no perjudica a las empresas, que se quejan de que reduce sus márgenes, tampoco afecta de forma “sustancial” al beneficio empresarial. Son las conclusiones que se desprenden de un artículo publicado por el Banco de España en el que se analizan estudios recientes sobre el impacto del comercio online sobre los precios, la competencia empresarial y el beneficio de las empresas. (El País)

Las mutuas continúan denegando la prestación por cese por un defecto de forma del decreto. Pese a la promesa de la dirección de la Seguridad Social de subsanar el problema, fuentes ministeriales confirmaron que “no se plantea ningún cambio”. (La Razón)

Los trabajadores que se encuentren en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y reciban, por error, cantidades superiores en los pagos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) están expuestos a un incremento de impuestos en su declaración de la renta. El motivo es que, si no se regulariza esta situación antes del inicio de la campaña del IRPF, los contribuyentes deberán abonar el gravamen por el total de las cantidad percibida durante el año, incluyendo la abonada erróneamente. Esto es, que se verán obligados a pagar el IRPF también de esa parte que los pertenece. (El Mundo)

600.000 pymes y autónomos, asfixiados por las deudas con Hacienda. Deben abonar con intereses la deuda pendiente de la autoliquidación del primer trimestre. También deben pagar los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social. ATA pide un aplazamiento automático. (La Razón)

El empresario asturiano que siempre admiró a Polanco quiere hacer una operación de influencia en la recta final de su carrera y deja al margen de momento a su abogado, el exalcalde del PP. (El Mundo)

Los grandes accionistas de Prisa no se oponen a la compra de sus medios por Blas Herrero pero ven escasa la oferta. El empresario asturiano al frente de Kiss presenta su oferta en firme a través de HoldCo. Telefónica y Santander ven con buenos ojos el interés y Amber está concentrado en el negocio editorial, pero la cantidad de 200 millones se antoja escasa en el consejo. (El Mundo)

Telefónica tiene la llave para dejar la Ser y El País en manos de Blas Herrero. (El Economista)

La fusión de Caixabank y Bankia abrió la veda de las fusiones. O más bien de las absorciones. BBVA y Banco Sabadell anunciaron estar en idéntico proceso el pasado lunes. La balanza está bastante descompensada entre ambos desde el momento en que el primero apunta a «comerse» al segundo. Lo oficial es que están en negociaciones, que no hay nada decidido, pero lo cierto es que ya hay más pacto en la trastienda de lo que trasciende a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); incluso, en materia de competencia. Así lo aseguran fuentes financieras cercanas a la operación. (ABC)

El Sabadell exige más dinero que su valor en bolsa a BBVA. El Sabadell ha exigido a BBVA un pago muy superior a 2.500 millones en su oferta de compra que se está negociando. Una propuesta que tendrá que ser en metálico y que el grupo que preside Carlos Torres se ha avenido aceptar. La cúpula del banco catalán, según fuentes conocedoras de las conversaciones, no está dispuesta a respaldar un precio tan bajo, que es el que ha descontado en los últimos días el mercado. El objetivo del equipo de Josep Oliu es compensar lo máximo posible a los accionistas, que se han visto castigados desde el estallido de la pasada crisis con una brusca caída de la cotización. Hay que tener en cuenta que el valor en libros del Sabadell asciende a 12.700 millones. La prima, por tanto, tendría que superar con creces el 30% sobre el precio del viernes pasado barajado por los inversores. (El Economista)

El Gobierno escenificó ayer con los principales responsables del sector energético su apuesta por el hidrógeno. El presidente Pedro Sánchez destinará 1.500 millones en ayudas para el desarrollo de esta tecnología mientras algunas de las principales compañías del país desvelaban sus estrategias de inversión. Este es el caso de Repsol, que destinará entre 2.200 y 2.900 millones a plantas de hidrógeno hasta 2026 o Enagás, que analiza inversión de 1.500 millones. (El Economista)

«Después de quince horas de vuelo me encuentro ahí a uno de Hacienda. ¡Una locura!», lamentaba Messi tras aterrizar en El Prat procedente de Argentina y pasar una hora retenido después de que varios agentes de la Agencia Tributaria le reclamaran una serie de documentación tanto al rosarino como a los pilotos. Un contratiempo que altero al crack, condenado en 2016 por fraude fiscal. (ABC)

Una parte de los 475 millones del rescate público a Air Europa está llegando ya a la compañía y la SEPI, que supervisa esa ayuda a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se dispone a entrar en la gestión con el nombramiento de un consejero delegado. Así se lo ha manifestado la empresa del grupo Globalia a los representantes de los trabajadores, con lo que sería utilizada una de las bazas que se había asegurado el consejo gestor del fondo para tener voz y voto en la compañía aérea. En el momento de aprobar el rescate, el Gobierno afirmó que podría consensuar la figura de un CEO, hasta ahora inexistente en Air Europa. (Cinco Días)

El grupo ING ha nombrado nuevo consejero delegado de ING para España y Portugal a Ignacio Juliá, quien se incorporará al cargo el próximo 1 de enero y estará al frente de los negocios de banca minorista y mayorista. Juliá sustituirá a Roel Huisman, quien relevó a César González Bueno como consejero delegado hace alrededor de un año y asumirá nuevas responsabilidades en el grupo ING. (Cinco Días)

Inspección de Trabajo abre actuaciones en Barcelona y Madrid contra el modelo laboral de la multinacional, como ya hizo en los casos de Glovo, Deliveroo o Amazon. (El Periódico)

La resiliencia del sector de la alimentación durante la pandemia ha impulsado la compra de carteras de hipermercados y supermercados, que se han convertido en protagonistas del sector con una inversión de más de 600 millones de euros en lo que va de año, superando ampliamente el máximo histórico de 2016. La solvencia de las grandes cadenas como inquilinos en los contratos de arrendamiento se ha convertido en una garantía en tiempos de pandemia. (Expansión)

El proceso de consolidación bancaria coge fuerza en España. Dos meses después de que CaixaBank y Bankia pactaran su integración, ahora las miradas están puestas sobre BBVA y Sabadell, que el pasado lunes confirmaron que mantienen conversaciones avanzadas para completar su fusión. A estas cuatro entidades, todas ellas miembros del Ibex 35, se suman Liberbank y Unicaja que a comienzos de octubre retomaron las negociaciones para completar la operación de fusión fallida de 2019. (Cinco Días)