(Exclusivas de la prensa de papel 18/03/2021) Vox logra el pin parental a cambio de tumbar la moción en Murcia

El compromiso por parte del PP de poner en marcha de manera inmediata el pin parental ha sido determinante para que los tres ex diputados de Vox en Murcia, expulsados en junio de 2020, hayan decidido darle su apoyo y votar en contra de la moción de censura impulsada por las direcciones nacionales del PSOE y Ciudadanos, según atestiguan fuentes conocedoras de la negociación. Así, el nuevo equilibrio parlamentario en la Región de Murcia entre PP, los tres diputados díscolos de Ciudadanos y los expulsados de Vox es ya un hecho. «La afinidad política ha triunfado», razonan desde ambos grupos. (El Mundo) (La Razón)

El Gobierno se enfrenta a una ola de demandas y reclamaciones por los sobrecostes que las empresas han asumido durante la declaración del primer estado de alarma y su posterior ampliación. Grupos de infraestructuras y de servicios, empresas textiles, la hostelera y cadenas hoteleras han emprendido acciones para que el Estado reconozca esos sobrecostes que, en su conjunto, podrían representar miles de millones de euros. Entre las últimas empresas en mover ficha destacan las cadenas hoteleras Meliá y NH que, como adelantó ayer EXPANSIÓN, exigen reclamaciones por un importe conjunto superior a los 200 millones de euros derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres masivos de hoteles. (Expansión)

La Comisión Europea ha actualizado sus previsiones de vacunas para el segundo trimestre. Con las dosis estimadas, España tendrá viales para inmunizar, como máximo, al 52% de la población hasta junio. (El Economista)

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders (Lieja, Bélgica; 62 años), que lleva unas semanas preparando a la carrera el pasaporte vacunal de la UE, se revuelve al otro lado de la pantalla: “No es un pasaporte, es un certificado”, repite una y otra vez a lo largo de una entrevista con EL PAÍS y otros tres medios europeos celebrada el martes, un día antes de que la Comisión Europea aprobara el proyecto de reglamento. La idea, dice, ha sido crear un documento, el llamado Certificado verde digital, que permita viajar a los ciudadanos siempre que puedan probar que han sido vacunados, que han superado la covid o han dado negativo en una prueba; y, a la vez, tratar de impedir la fragmentación entre los Estados miembros, tan dados a tomar medidas unilaterales en sus fronteras durante la pandemia. (El País)

La empresa que ha logrado hasta ahora el mayor rescate estatal de la pandemia en relación a su plantilla es insignificante en su sector. Plus Ultra Líneas Aéreas ha recibido una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de 53 millones, que es equivalente a 150.000 euros por cada uno de sus trabajadores, según se desprende de los datos oficiales suministrados ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Montero calificó a Plus Ultra de «compañía relevante y estratégica» para el sector turístico, pero, según los datos oficiales del grupo público Aena recabados por este diario, representó en 2019, antes de la crisis, apenas el 0,03% del total de los vuelos operados en España. (El Mundo)

El doble rasero del Gobierno: Plus Ultra es rescatada en pérdidas y miles de pymes están sin ayudas. La aerolínea se ajusta a los criterios de la CE para recibir apoyo pero su caso incendia a los pequeños negocios, a los que se les exige haber tenido en positivo sus cuentas en el año anterior a la pandemia. (ABC)

El Ejecutivo se ha comprometido ante Bruselas, en el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos, a acometer una reforma del Estatuto de la Función Pública antes de fin de año, según fuentes gubernamentales, para reducir el número de interinos. Esa promesa responde a la presión de Bruselas para rebajar la temporalidad. La tasa de temporalidad del sector privado roza el 25%, pero las Administraciones públicas abusan aún más de los contratos temporales. Tres de cada 10 funcionarios son interinos, y los dos grandes pilares del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, presentan cifras muy altas: tasas de temporalidad del 41,9% y 29,1%, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa.  (El País)

El gasto público en 2020, según el propio Gobierno, cerró en niveles récord del 53% del PIB, pero la evaluación de este desembolso está congelada hasta nueva orden. La tercera fase del ‘spending review’, el examen al gasto que la Comisión Europea reclama a España y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había planteado, sigue esperando la luz verde del Consejo de Ministros. La Airef ya hizo una propuesta al Ejecutivo de los ámbitos que podía evaluar pero, meses después, el organismo sigue sin recibir respuesta del Gobierno, que aún no ha aprobado la autorización para que la institución se ponga manos a la obra. (ABC)

Competencia está analizando municipio por municipio el grado de concentración que tendrá el nuevo líder del mapa bancario español. Para evitar que Competencia emita un dictamen con condiciones que retrase la fusión legal más allá de marzo y estropee el calendario de la operación, CaixaBank está planteando al regulador soluciones y compromisos para reducir esos problemas de situación dominante observados en ciertos lugares y lograr un informe limpio que permita seguir adelante con la operación. (Expansión)

Fuentes de Bankinter señalan que están a la espera de recibir la autorización final y afirman que los contactos con el supervisor único se encuadran dentro de “conversaciones habituales”. Fuentes oficiales del BCE prefirieron no hacer comentarios al respecto. El plan inicial del banco era que Línea Directa saliera a cotizar en el último trimestre de 2020, pero la inesperada llegada de la pandemia truncó la intención de Bankinter, que ha ido retrasando el proceso. La entidad diseñó la operación para que el 82,6% de la aseguradora se distribuyera entre los accionistas como un dividendo en especie. El 17,4% restante se mantendrá en poder del banco. (Expansión)

Iberdrola, Enel y Macquarie acaban de entrar en la recta final para hacerse con la compañía británica Western Power Distribution. La operación, valorada en cerca de 14.000 millones de euros, puede suponer dos cambios importantes para el sector eléctrico europeo. Por un lado, la española podría convertirse en la mayor eléctrica arrebatando el trono a Enel o, por contra, la italiana incrementaría su ventaja y podría disputarle a Iberdrola el negocio en uno de sus mercados clave. Si, finalmente, el ganador fuese Macquarie el status quo actual permanecería inalterado. La operación de venta de la filial británica de PPL ha atraído a un buen número de fondos y de industriales, ya que también se interesó Naturgy. La venta puede convertirse en una de las principales operaciones del año 2021. (El Economista)

Telefónica ha resuelto a buen precio uno de los mayores impactos financieros previstos para este año: la subasta de espectro 5G en el Reino Unido. Su filial O2 se ha asegurado una parte importante en la licitación de frecuencias para telefonía de nueva generación, realizada por el regulador británico Ofcom. La operadora ha invertido un total de 448 millones de libras (523 millones de euros), una cifra muy por debajo de las previsiones de algunos analistas, que apuntaban como mínimo a 700 millones de libras. (Cinco Días)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no renunciará a su acta como diputado hasta que comience la campaña para las elecciones autonómicas de Madrid, al igual que su cargo en el Gobierno. Si deja su escaño antes del 4-M, no tendrá aforamiento ante el Tribunal Supremo, por lo que es el momento que puede aprovechar el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para valorar una posible imputación por el «caso Dina». Fuentes de Unidas Podemos aseguraron ayer que no existe ningún tipo de duda de que el vicepresidente dejará su escaño en el Congreso y que lo hará antes de que arranque la campaña electoral –esto es, el 18 de abril–. Es decir, que el vicepresidente mantendrá su cargo tanto dentro del Gobierno como su acta de diputado un mes más. Fuentes de Moncloa explicaron que no van a presionar para que deje antes sus responsabilidades gubernamentales. (La Razón)

La sangría parlamentaria de Ciudadanos le dejará sin grupo parlamentario en el Senado. Dos senadores abandonan la disciplina naranja y dejan a la formación sin el número mínimo de parlamentarios exigido para tener entidad propia en la Cámara Alta (seis). Los de Inés Arrimadas pasan de tener siete actas parlamentarias a cinco, así que perderán no sólo la condición de grupo, sino, también, la subvención mensual. Los dos parlamentarios que abandonan el partido, según confirmó EL MUNDO, son Ruth Goñi y Emilio Argüeso. A este último, la directiva nacional de Ciudadanos le abrió un expediente de expulsión mientras él escribía su carta de dimisión. Ambos van a pasar de inmediato al Grupo Mixto de la Cámara Alta. Y puede que no sean los únicos. (El Mundo)

Arrimadas se la juega y mantendrá a Aguado en Madrid. La dirección cree que no es momento de abrir otro frente para cambiar de candidato. En Cs asumen que si no logran escaño para condicionar a Ayuso pueden desaparecer. (La Razón)

El interventor del Ayuntamiento de Barcelona ya advirtió hace más de cuatro años al Gobierno de Ada Colau sobre la constante adjudicación a dedo de subvenciones a entidades afines como las que ahora investiga la Fiscalía. En un informe emitido el 21 de diciembre de 2016, la intervención cuestionó la forma en la que el Ejecutivo de Colau concedió una ayuda de 336.259 euros al Observatorio DESC, la ONG que empleó a la alcaldesa antes de saltar a la política. Tal y como ya reveló entonces EL MUNDO, el interventor señaló que «hay que tener en cuenta que esta subvención se va repitiendo desde hace años y, por tanto, su carácter excepcional no parece justificado». De este modo, ponía en duda el funcionario la «concesión directa» de la aportación. (El Mundo)

El empresario Francisco Correa, líder de la denominada trama Gürtel, ha decidido colaborar con la Justicia y pide perdón por todos los delitos cometidos. En una carta remitida desde la prisión de Valdemoro al juez de Vigilancia Penitenciaria, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, Correa, que cumple, entre otras, una condena firme de 51 años y 11 meses por la Primera Época de Gürtel, admite abiertamente su culpabilidad: «En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debí abstenerme de tales prácticas». (El Mundo)

Un equipo de científicos, liderado por el bioquímico argentino José Polo, ha creado seudoembriones humanos sin emplear óvulos ni espermatozoides, sino a partir de células de la piel reprogramadas para volver a un estado embrionario. (El País) (La Razón)