(Exclusivas de la prensa de papel 14/12/2021) Vox rechaza la propuesta de reforma de las leyes LGTBI que le ha hecho Ayuso e insiste en la derogación

Según explican en el partido de Rocío Monasterio, el Gobierno regional les ha remitido una primera propuesta de modificación de varios artículos de dichas normas autonómicas que ya han rechazado y están a la espera de una segunda versión alternativa. Aun así, siguen reclamando la derogación total y dan a entender que no les valdría otra solución que no fuera un cambio radical de la literalidad de ambos textos. La gran batalla ideológica del grupo que lidera Monasterio sigue siendo la del «adoctrinamiento» en las aulas que, a su juicio, amparan estas normas. Al argumento de que no se ha registrado ninguna denuncia al respecto –como aseguran en la Consejería de Educación– responden que es porque «no existen los cauces para tramitarlas» e insisten en que se está instando a «contar sus prácticas sexuales a niños de ocho años». Vox ha dejado ya de reclamar un pin parental para que los niños puedan salir de clase cuando se impartan determinados contenidos, pero ha preparado su artillería parlamentaria para suplirlo: este jueves la Asamblea de Madrid tiene que decidir sobre la toma en consideración de su Ley Integral de Igualdad y No Discriminación, que en su articulado incluye explícitamente la derogación de las leyes LGTBI. (El Mundo)

Reclama a Hacienda reforzar sus sistemas de control interno para garantizar que se identifica a los titulares reales de las empresas que se adjudiquen contratos del Mecanismo de Recuperación. (ABC)

La que iba a ser la medida estrella del Gobierno pretendía llegar a 850.000 hogares, y año y medio después solo llega a 350.000. La complejidad de los procesos y los exigentes requisitos provocan que tres de cada cuatro solicitudes se denieguen. (ABC)

"Hay dos cosas que el Gobierno pretende con esta reforma laboral y es algo demandado por el conjunto de la sociedad: la reducción de la temporalidad y del número de contratos. Dicho lo cual, como le decía, en el sector primario hay las mismas características que en Francia, Italia o Alemania. En todos estos países existe una regulación ad hoc, ya sea por vía excepción o por contratos tipos con respecto a la temporalidad de la actividad agraria. Si recuerdo exactamente, la temporalidad en el sector agrario supone el 1% del conjunto del mercado laboral". (Expansión)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha decidido convocar para el miércoles al comité ejecutivo de la patronal ante la presión del Gobierno para que firme la reforma laboral. Las conversaciones de ayer entre el Gobierno y los agentes sociales volvieron a concluir sin entendimiento en aspectos clave como la temporalidad y la negociación colectiva, según aseguran a este diario dirigentes de la patronal, que confirman la convocatoria de la reunión extraordinaria de la cúpula. Garamendi quiere informar a sus órganos de gobierno de que aún no hay acuerdo y busca así respaldo a su posición. (El Mundo)

Los cambios en el tramo autonómico del IRPF para 2022 aprobados por la Comunidad de Madrid y los que prepara la Generalitat de Cataluña supondrán agrandar la brecha fiscal que separa a ambas regiones en favor de la capital estatal, tanto para las rentas bajas como para las medias y altas. Como ejemplo, un catalán que cobre 45.000 euros brutos anuales deberá pagar por encima de 520 euros más que un madrileño con el mismo sueldo, una diferencia un 30% superior a la actual. (El Economista)

El coste asumido por el Estado hace casi una década para rescatar al sector financiero se eleva hasta los 101.500 millones de euros. A pesar del volumen del dinero público inyectado para evitar dejar caer a la banca (especialmente a las antiguas cajas de ahorro), la recuperación de este dinero cada vez se ve más cuestionada. El Banco de España solo prevé recuperar 9.500 millones. El coste asumido por el Estado hace casi una década para rescatar al sector financiero se eleva hasta los 101.500 millones de euros. A pesar del volumen del dinero público inyectado para evitar dejar caer a la banca (especialmente a las antiguas cajas de ahorro), la recuperación de este dinero por parte de las arcas públicas cada vez se ve más cuestionada, incluso por los propios supervisores bancarios. De hecho, el Banco de España, asegura que del dinero inyectado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de inyecciones de capital, cuotas participativas, esquemas de protección de activos (EPAs) y otras garantías, solo se van a recuperar el 14%. (El Economista)

Google News volverá a España, aunque se hará de rogar un poco más que el turrón y su desembarco se espera para principios de 2022. Esto será, según fuentes cercanas al Gobierno consultadas por elEconomista, porque el Ejecutivo no va a obligar a Google a pagar ningún importe a los medios de comunicación para poder incluir sus noticias en su agregador. Con esta medida el Gobierno da un paso a un lado y deja en manos de ambas partes los acuerdos que se tomen, que podrán ser colectivos o individuales. A finales de 2014 la multinacional abandonó España como oposición al Canon AEDE incluido en la Ley de Propiedad Intelectual. Este obligaba a pagar a todos los agregadores para poder mostrar un fragmento significativo de un contenido perteneciente a cualquier medio. (El Economista)

Los llamamientos de Gobierno y expertos a la contención de precios y salarios para evitar efectos de segunda ronda en la inflación cada vez parece que tienen menos éxito. Así lo demuestra la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad publicada ayer, correspondiente al cuarto trimestre de este año que elabora trimestralmente el Banco de España, donde el 30% de las empresas encuestadas declaran estar aumentando sus precios de venta (10 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior). Es más, cerca de la mitad de estas sociedades encuestadas (el 44%) prevén aumentar sus precios en el primer trimestre de 2022 y el 60%, a lo largo del resto del año que viene. (Cinco Días)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentarán este próximo miércoles el Perte que integrará los proyectos de energías renovables innovadoras, de almacenamiento e hidrógeno renovable. El Ejecutivo ha convocado al sector energético para la puesta de largo de esta medida, una de las áreas estrella del Plan de Recuperación y resiliencia que prevé que alrededor del 30% de los fondos que llegarán desde Europa se destinen a proyectos de descarbonización. El Gobierno recoge con este anuncio el testigo que pondrá entre hoy y mañana sobre la mesa la Comisión Europea con la presentación de la segunda parte del paquete Fit for 55 en un momento en el que los precios del gas natural y los derechos de emisión de CO2 están marcando precios récord. (El Economista)

Ibercaja tiene previsto empezar el próximo año con fuerza para tratar de salir a Bolsa, a lo que está obligado por ley antes de 2023. El banco aragonés prepara un road show con inversores para la segunda quincena de enero, que sería la antesala a la activación formal del salto al parqué, según distintas fuentes financieras. Fuentes oficiales de Ibercaja prefirieron no hacer comentarios al respecto. La Fundación Ibercaja controla un 88% del banco y tiene que rebajar esta posición por debajo de la mitad del capital, según la Ley de Cajas. (Expansión)

Las empresas energéticas españolas que cotizan en Bolsa están saliendo indemnes, hasta ahora, de la ola de ataques que se está produciendo en el sector energético a nivel internacional por parte de grandes fondos activistas, como Elliott, Bluebell y Third Point, entre otros. Iberdrola, Endesa, Repsol, Enagás, Red Eléctrica (REE) y Acciona Energía parecen inmunes a las arremetidas de este tipo de fondos, especialistas en agitar el accionariado y la gestión de las empresas para alcanzar un objetivo de maximización de valor en los activos. (Expansión)

Bolsas y Mercados Españoles (BME) lanzó el pasado 30 de noviembre su primer índice de género, el Ibex Gender Equality, que aglutina a las 30 compañías del Índice General de la Bolsa de Madrid con más consejeras y directivas. En él, todos los miembros pesan lo mismo, independientemente de su capitalización y de su liquidez. Quince son del Ibex, el resto de fuera de él. El gestor de la bolsa ya contaba con el Ftse 4Good pero, tras la adquisición por parte del grupo suizo Six en 2020, prevé lanzar una nueva familia de indicadores ESG (en base a criterios ambientales, sociales y de gobernanza), emulando a la de su matriz. Lo explica Carmen López, responsable de índices de BME. (El Economista)

La semana pasada se confirmó que Viscofan abandonará el Ibex 35 a partir del cierre de este mismo viernes, algo que los inversores percibieron como un paso atrás para la firma navarra ya que sus títulos cayeron más de un 3% en la siguiente sesión, situándose en mínimos no vistos desde noviembre del año pasado. Sin embargo, la normalidad continúa inalterada para una firma que cuenta con unas muy buenas perspectivas de cara al futuro, a pesar de que Rovi ocupe el lugar que Viscofan ha estado guardando desde que entrase al índice en junio de 2016. (El Economista)

Värde Partners quiere aprovechar el tirón de la demanda de vivienda en alquiler para vender su promotora Vía Célere. La gestora estadounidense está ofreciendo a fondos inmobiliarios interesados en construir casas destinadas al arrendamiento y que quieran crear una gran plataforma de alquiler, según confirman diversas fuentes de mercado. (Cinco Días)

La epidemióloga neoyorquina Maria van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para la pandemia de covid, apuesta por promover el teletrabajo, seguir utilizando mascarilla, tener listos los hospitales y limitar los contactos sociales. “Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de la delta como de la ómicron”, dice en referencia a las dos variantes más extendidas del virus. Y se muestra prudente sobre una supuesta menor gravedad de la enfermedad por la ómicron: “Es pronto para decirlo”. (El País)

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha citado a declarar como investigado al que fuera número uno de la organización terrorista ETA Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, «por su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar» en 1995 a Gregorio Ordóñez, el que fuera dirigente del Partido Popular vasco y teniente de alcalde de San Sebastián. Esta citación se produce tras la actuación de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, contra los autores intelectuales de los atentados terroristas, es decir, contra las diferentes cúpulas de ETA. Esta acusación –personada en la causa de Ordóñez– interpreta que los jefes de la banda de cada época son los responsables de todos los atentados cometidos por la organización terrorista durante su mandato. (El Mundo)

El principal partido de la oposición guarda silencio para no poner en un aprieto a Felipe VI, pero sí hay voces que a título individual han apuntado en público al sentir mayoritario de la organización y de la propia dirección del partido. Y en esta misma posición está Vox. El PP cree que debe facilitarse el regreso de Don Juan Carlos a España y corregir la anomalía de un exilio que puede plantear un grave problema en el caso de que al Rey «le suceda algo» fuera de España. «Don Juan Carlos tiene ya una edad. Ha sido un estadista y una figura clave en nuestra democracia. Todos los personajes tienen luces y claros, méritos y deméritos. Pero hay que pensar con sentido de Estado y, una vez que se ha sometido al escrutinio de la Justicia y a la investigación de la Fiscalía, lo lógico es que regrese a su país», defienden en Génova. (La Razón)

El Ministerio de Universidades no hizo ni concurso público ni publicidad del contrato que cuestiona a las revistas más prestigiosas del mundo y penaliza a los investigadores por publicar en ellas. La catedrática encargada del informe no tiene experiencia en la materia. (ABC)

«Este servicio considera la conducta de la Sra. Juana Rivas seriamente perjudicial, a causa de la repetición de comportamientos de denuncia de maltratos, de la negación de que esas denuncias afecten a los menores, y de la incapacidad de salir de papel de víctima de violencia, lo que le impide cuestionar los efectos que su actuación genera en sus hijos». Esto decían los servicios sociales italianos en mayo de 2019, cuando Juana Rivas visitaba cada 15 días Carloforte (Cerdeña, Italia) para pasar fines de semana con sus hijos, y denunciaba repetidamente presuntas agresiones del padre, Francesco Arcuri, a los menores. Mientras, los psicólogos del procedimiento de Familia en Italia, los que por orden del juez habían estudiado los vínculos entre Arcuri, Rivas y sus dos hijos, y ya habían determinado su «gran capacidad de manipulación» y «funcionamiento mental patológico». (El Mundo)