(Exclusivas de la prensa de papel 14/12/2020) Transparencia planta cara al Gobierno por ocultar su gestión de la pandemia: debe informar inmediatamente

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), máximo órgano que vela por el cumplimiento del deber de informar que tienen los poderes públicos, está adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero la ley le da carácter de independiente: lo está siendo. Tanto que el Consejo ha dicho basta ante la opacidad del Gobierno, que sistemáticamente se niega a cumplir las resoluciones firmes, normalmente sin ni siquiera alegar razón alguna, por la vía del silencio absoluto. El pasado 4 de diciembre el CTBG remitió de golpe doce oficios, siete a la Presidencia del Gobierno y cinco al Ministerio de Sanidad, en los que les advertía que debía informar inmediatamente. El CTBG ha enviado 12 advertencias el mismo día a Presidencia y a Sanidad: «Deben cumplir de forma inmediata». Sánchez e Illa se han saltado 20 resoluciones que les obligan a informar a ABC sobre las medidas del Covid-19. (ABC)

A falta de sustanciar un par de trámites parlamentarios, la coalición de Gobierno ha alcanzado con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado la herramienta con la que dominar los tiempos de la legislatura. Ya desde hace semanas que los diferentes actores políticos interpretan estas cuentas como el punto clave en el que Pedro Sánchez, que no tiene una mayoría en contra en el parlamento, podrá gozar de mayor autonomía respecto a sus socios de coalición. Incluso ministros que no han tenido choques directos con Podemos, que son los menos, o dirigentes que defienden fervientemente la unión con los de Pablo Iglesias corroboran este diagnóstico. Por supuesto lo hacen los que mantienen abiertas discrepancias con sus socios. (ABC)

“En el extracto de la cuenta de Neurona Comunidad SL lo que se puede ver, más allá de pagos efectuados a una sociedad mercantil ubicada, parece ser que en México, Creative Advice, es que el resto de gastos no son propios de ningún tipo de actividad mercantil, quitando el cobro por parte del administrador único de unos honorarios de 1.200 y pico de euros mensuales”. De esta forma explicó el juez Juan José Escalonilla su opinión de las cuentas bajo sospecha de la consultora contratada por Podemos, durante el interrogatorio al responsable de comunicación de la formación morada, Juan Manuel del Olmo. (La Razón)

El Pleno que celebrará el Consejo el próximo jueves prevé incluir en el orden del día al menos la propuesta para la designación de cuatro plazas judiciales, según confirmaron a LA RAZON fuentes jurídicas. En concreto, se trataría de la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional y presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias. Se da la circunstancia de que la designación de esta plaza requiere sólo de mayoría absoluta, es decir, once votos, por lo que estará en manos de los vocales “conservadores” llevarlos a cabo sin depender del respaldo de consejeros “progresistas”, ya que los primeros cuentan con diez vocales y el presidente, lo que sería suficiente para llevarlos a cabo. (La Razón)

La renovación judicial abre una nueva brecha en la coalición del Gobierno. Algunos ministros socialistas y dirigentes del PSOE advierten que la estrategia de Unidas Podemos para tener protagonismo en este debate dificulta aún más todo posible acuerdo, y le hace además el juego al PP. El posible pacto judicial, así, abre una nueva brecha en la coalición gubernamental entre el PSOE y Unidas Podemos. Después de que Iglesias lograra su propósito de excluir a Ciudadanos del pacto presupuestario, con la pretensión de que toda la legislatura se oriente a la izquierda con compañeros de viaje como Esquerra o EH Bildu, la formación morada presiona ahora para que Sánchez, una vez aprobadas definitivamente las cuentas el próximo 29 de diciembre, no intente resituarse en una posición de centralidad política. Y la mejor escenificación de ese giro del presidente del Gobierno sería, precisamente, sellar un pacto con el PP para renovar el Poder Judicial. (La Vanguardia)

Temen que la rapidez en su desarrollo y aprobación sean contraproducentes. (La Razón)

Los presupuestos son vistos con esperanza entre la comunidad científica, muy castigada por los recortes de la última década, que espera que sean un punto de partida para relanzar la investigación en España. (La Vanguardia)

El Ejecutivo pide obligaciones a las empresas que el sector público incumple. CC.OO. denuncia la opacidad de sueldos del personal a dedo y la cúpula estatal. (ABC)

El Gobierno andaluz concedió un préstamo de 8,39 millones de euros a la empresa Isofotón en agosto de 2012, bajo el mandato socialista, a sabiendas del alto riesgo que corría de perder el dinero público. Las cuentas de la empresa presentaban vías de agua por todos lados. Los informes técnicos de la agencia pública IDEA, previos a la autorización del crédito, ponían en entredicho los datos económicos y la solvencia de la sociedad, e incluso avisaban de que la empresa no iba a saldar otro préstamo de 8 millones que había sido avalado con fondos de la Administración autonómica. (ABC)

La líder de Cs asegura que «los ciudadanos hablan y mantienen contactos, y nosotros tenemos obligación de hacerlo por el bien de los españoles». (La Razón)

La presidenta madrileña asegura que tiene margen para bajar el tramo autonómico del IRPF y recibe el apoyo de la empresa familiar de Madrid en su defensa de la autonomía fiscal de la región frente a los ataques del Gobierno central. (Expansión)

Pablo Casado aplaza la pugna del PP de Madrid ante el tirón de Isabel Díaz Ayuso. El protagonismo mediático de Isabel Díaz Ayuso en la segunda ola de la pandemia de coronavirus ha traído de nuevo al primer plano de la actualidad la batalla soterrada por el control del PP de Madrid. El entorno de la baronesa regional cree que ella debería presidir esta poderosa organización territorial, mientras que en el equipo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, apuestan más por una «tercera vía» de consenso, como opción posibilista que aleje el fantasma de la bicefalia. Pese a ese mar de fondo, Pablo Casado prefiere congelar la renovación de la estructura autonómica madrileña del partido, y posponer ese congreso «a finales de 2021... o a verano del 2022», según ha podido saber EL MUNDO de fuentes de la dirección nacional del PP. «No tengo ninguna prisa», les ha dicho a sus colaboradores más cercanos. (El Mundo)

El acto de entrega de llaves del Pazo de Meirás organizado por el Gobierno, protagonizado por la abogada general del Estado Consuelo Castro y la juez del Juzgado Número 1 de Primera Instancia de la Coruña, Marta Canales, para escenificar que el inmueble ya no pertenece a la familia Franco, ha soliviantado tanto al cuerpo de letrados del Estado como a la Carrera Judicial. Los chats de jueces y abogados del Estado echaban humo el pasado jueves. Ambas han recibido críticas en sus respectivos gremios por prestarse a «protagonizar un acto político», «un circo», «un espectáculo partidista». (El Mundo)

Las divergencias en el seno del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos parecen estar detrás del nuevo aplazamiento de la aprobación de un plan de choque para aliviar a los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. La hostelería ya da por perdida la campaña de Navidad, un período en el que se juega 11.000 millones de euros. (El Economista)

La crisis empieza a obligar al Gobierno a medidas impopulares y el intercambio con distintos ministros de Unidas Podemos había sido tan duro sobre el salario mínimo interprofesional que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, decidió el viernes aplazar el debate sobre la reforma del sistema de pensiones. Calviño dejó así para otra Comisión Delegada de Asuntos Económicos el punto del orden del día sobre la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Éste, apremiado por Bruselas y tras el acuerdo del Pacto de Toledo, plantea elevar en el futuro desde los hasta 25 años vigentes a 35 el período de cotización a tener en cuenta para calcular la pensión de jubilación, según confirman en el Ejecutivo. Ve necesario ampliar la base de cómputo dentro de las medidas para contener las pensiones e intentar hacer sostenible el sistema a largo plazo. «Lo vamos a discutir, porque elevar la base de cotización a 35 años no es razonable y es, en realidad, un recorte», advierten fuentes gubernamentales en el área de Unidas Podemos. (El Mundo)

La documentación intervenida al comisario José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo revela todos los detalles de la trama de espionaje en torno a Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, por asociarse con la compañía petrolera Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el objetivo de conseguir casi un tercio del total de las acciones de Repsol. Hubo rastreo de las llamadas telefónicas, seguimientos a su esposa, se analizaron sus desplazamientos, sus hábitos, su patrimonio, se espió a su círculo de confianza, etc. Así consta en el sumario de esta pieza separada del caso Tándem, al que ha tenido acceso EL MUNDO, y donde se encuentran ya imputados. (El Mundo)

El Gobierno de Pedro Sánchez ya confirmó en el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 que las pensiones subirán el 0,9% el próximo año. Ello añadirá, tal y como adelantó este medio, unos 1.400 millones de euros de coste adicional a la ya abultada partida presupuestaria para prestaciones de la Seguridad Social que rondará en el próximo ejercicio los 143.000 millones de euros, cerca de 11 puntos del PIB y un 3% más de lo destinado este mismo año. Lo que llevará al Sistema a acumular un déficit del 2% del PIB en 2021. Con esta premisa, según los expertos actuariales de la consultora Willis Towers Watson, garantizar la viabilidad económica del sistema público de pensiones, para cerrar el déficit, obligaría al Gobierno a llevar a cabo una reducción del gasto del 2,36%, es decir, unos 400 euros en la nómina anual de un jubilado medio. (El Economista)

Carlos San Basilio (Lugo 1965), secretario general del Tesoro Público, ha estado al pie del cañón para captar para el Estado toda la financiación que necesaria para lidiar con la pandemia. Esos 110.000 millones netos, el mayor volumen de deuda jamás levantado, han permitido a España tener una posición sólida de caja, pese a que la previsión sobre la ratio de endeudamiento apunta a que se dispare hasta el 118,8%. Para San Basilio, el año ha sido “toda una montaña rusa de emociones”. (Expansión)

El presidente de la CEOE  pide ayudas por la difícil situación. También advierte de que los empresarios creen que no es el momento de subir los impuestos o el salario mínimo. (El País)

La apertura a la competencia del transporte de viajeros en ferrocarril mete presión a Renfe, el operador de siempre. Pero su presidente, Isaías Táboas, la ve como un estímulo para rejuvenecer un gigante público que el 24 de enero cumple 80 años. “Es una oportunidad para nosotros y para los ciudadanos”, señala. Nuevos servicios como el Avlo, la renovación de flota, la digitalización de procesos y de la oferta, o la búsqueda de mayor eficiencia son algunas palancas para crecer en el nuevo mercado. España ha cumplido con el espíritu de la liberalización, quizás mejor que sus comparables, y Renfe empezará a medirse con Ouigo e ILSA. Táboas se limita a valorar que “este país es muy europeísta, y esa vocación se ha demostrado con la liberalización”. (Cinco Días)

Santander analiza ajustes en la remuneración variable a la que opta su cúpula ejecutiva en 2020. La decisión final será adoptada en las próximas semanas por el consejo de administración, a propuesta de la Comisión de Retribuciones. Analiza cómo contabilizar números rojos de más de 7.000 millones por el deterioro de los fondos de comercio y espera el dictamen del BCE sobre dividendos. (Expansión)

La compañía requiere apoyo financiero que respalde el plan de viabilidad. Ultima un ERE y ofrece 20 días por año en dos pagos. (Cinco Días)

La banca abre la puerta a una valoración de 7.000 millones; los accionistas tendrán la última palabra sobre el mercado de estreno. (Cinco Días)

La banca española ya cobra por los depósitos a las grandes empresas y clientes institucionales, pero se resiste en el caso de los particulares. Por el momento, la alternativa para capear los tipos negativos pasa por un incremento generalizado de la comisión por mantenimiento de la cuenta, que afecta a todos los usuarios por igual, tengan 10 o 200.000 euros en el banco. La mayoría de las entidades financieras ha acabado con la gratuidad de sus productos básicos, como las cuentas corrientes, y ha elevado las exigencias a cambio del coste cero. La tónica común es penalizar sobre todo a los clientes sin vinculación, los que resultan menos rentables al tener menos actividad con el banco. Directa o indirectamente, pagar por tener dinero guardado en el banco ya es una realidad. (Cinco Días)

Inversores chinos, franceses, portugueses y grandes fortunas de todo el mundo buscan oportunidades en el país. Las operaciones corporativas alcanzan un récord en 2020. (Expansión)

Se han emitido comisiones rogatorias a otros países, entre otras diligencias, para buscar el origen del dinero del rey emérito. (El Periódico)