Exclusivas de la prensa de papel (11/12/2019)

Ryanair agita el fantasma de la quibra de Thomas Cook para forzar ajustes en todas sus bases de España. La compañía aérea ha enviado cartas a sus pilotos para solicitarles que pidan excedencias (bajas) no remuneradas de un año o que acepten recortar su jornada laboral y su salario al menos un 25 por ciento para evitar despidos. “Con el colapso de Thomas Cook, se van a perder 9.000 puestos de trabajo en Reino Unido y potencialmente 13.000 empleos en toda Europa. Nosotros esperamos que haya suficientes solicitudes para bajas no remuneradas y jornadas a tiempo partido para no tener que recurrir a la pérdida de empleos en Madrid”, explica la low cost irlandesa en las misivas, a las que ha tenido acceso el Economista. (El Economista)

Banco Sabadell podría dar un giro radical al modelo hipotecario español. El banco planea comercializar hipotecas con seguros de caución, que se activarían en caso de impago y que eliminarían la garantía inmobiliaria. Se trata de un modelo que ya funciona con éxito en Francia y que podría ahorrar millones de euros en capital a las entidades financieras españolas. (Expansión)

El ex jefe de Regulación Contable, Jorge Pérez, testificó que avisó en vano a sus superiores de la ocultación de pérdidas en el banco. El supervisor niega represalias y asegura que le despide por "infracciones graves". (El Mundo)

Isak Andic, propietario y presidente de Mango, está sacando una máxima rentabilidad a su negocio inmobiliario, que gestiona a través de la empresa Punto Na. Al contrario de Amancio Ortega, el fundador de Inditex, Andic no centra su apuesta por este sector en la compra de edificios, sino de locales comerciales, que posteriormente alquila a Mango y a otras cadenas de moda, que compiten directamente con su empresa. De acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Punto Na, que suma ya activos por un importe de casi 815 millones de euros en el último ejercicio, ha pasado de registrar en 2017 unas pérdidas antes de impuestos de 8,3 millones de euros a un beneficio de 51,2 millones. En esa misma línea, las ganancias netas se han duplicado, hasta alcanzar un importe de 36,4 millones. (El Economista)

Bestinver pagó 102 millones en bonus a Paramés en 10 años. (Cinco Días)

ACS excluye a Goldman Sachs del proceso de venta de sus renovables. (Cinco Días)

Celestino García, (Madrid, 1972) es el vicepresidente corporativo de la filial española de Samsung Electronics, una empresa que en 2018 facturó 1.696 millones (-6%). Licenciado en Empresariales, toda su trayectoria está ligada a las telecos y recaló en Samsung en 2001. El directivo señala que 2019 va a ser un año importante para Samsung en España, “porque nos hemos reforzado en todos los segmentos. Vamos a cerrar un año que pasará a la historia por varias razones. Entre ellas, la llegada del 5G a España, así como las pantallas flexibles”, señala García. “El otro aspecto fundamental de 2019 ha sido la importancia que han cobrado la seguridad y la privacidad. Afortunadamente, ahora hay una nueva sensibilidad por la seguridad y la privacidad, y antes de descargarnos una app, nos miramos los permisos. La gente está empezando a pensar que la seguridad empieza en la elección del móvil”, añade el ejecutivo. (Expansión)

Blackstone, uno de los inversores internacionales más activos del último ciclo en España, acelera su política de rotación de activos y se prepara para captar más de 400 millones de euros con el traspaso de inmuebles en el país. El fondo de inversión estadounidense ha alcanzado un acuerdo para la venta de cuatro edificios de oficinas ubicado en Madrid y Barcelona, en manos de su Socimi Corona Patrimonial, por más de 130 millones de euros. A esta operación se sumará en los próximos meses la venta de Helios, un complejo empresarial ubicado en Campo de las Naciones; y del centro comercial Espacio León, dos procesos en marcha con los que Blackstone podría inyectar cerca de 300 millones de euros. (Expansión)

Una firma de cazatalentos realiza el proceso de selección. Echegoyen repartirá funciones con el nuevo ejecutivo, de perfil más inmobiliario. (Cinco Días)

El Gobierno en funciones no sabe ni cuándo ni cuánto, pero su voluntad de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2020 es firme. Así lo expresó ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio quien defendió la puesta en marcha de esta medida cuando haya un Gobierno «en plenitud de funciones» y «antes de que termine el año». La ministra realizó estas declaraciones ayer al término de un Consejo en Bruselas con sus homólogos europeos y después de que Esquerra Republicana enfriase el pasado martes las posibilidades de una investidura antes de que finalice 2019. (La Razón)

La hostilidad de ERC hacia el Jefe del Estado ha llegado hasta el extremo de que no ha acudido a ninguna de las ocho rondas de consultas convocadas por el Rey, al que dice no reconocer como interlocutor legítimo. A pesar de ello, ERC consiguió arrancar ayer a un PSOE necesitado de su apoyo un comunicado conjunto en el que ambos expresaban su «reconocimiento institucional mutuo». Una muestra más de deslealtad, que se suma al hecho de que ambos partidos convocaran una reunión para negociar apoyos y contrapartidas a la vez que el Rey celebraba las consultas. (ABC)

Los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación en el juicio del procés hicieron este martes una enmienda pública a la sentencia que rechazó condenar por rebelión. Ante la imposibilidad de presentar un recurso real contra la decisión del Alto Tribunal, lo hicieron de forma oficiosa en una intervención en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. «Ahora voy a analizar la sentencia», avisó el fiscal de Sala Fidel Cadena tras repasar la evolución del delito de rebelión y aclarar que se disponía a hablar en nombre propio y de sus compañeros allí presentes Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. «El orden de los factores no altera el producto», dijo, subrayando así la unidad de criterio con la que los cuatro fiscales de Sala han actuado a lo largo de un proceso judicial que ha visto pasar a tres fiscales generales con dos Gobiernos distintos. (El Mundo)

El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta enero la votación sobre el segundo recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra la decisión del juez Pablo Llarena de impedir su traslado desde prisión, donde se encontraba de manera preventiva, hasta el Parlament para el día de la constitución de la Cámara catalana tras las elecciones del 21 de diciembre del 2017. Fuentes del tribunal aseguran que la razón principal para su aplazamiento es que a priori no hay acuerdo entre los doce magistrados que componen el Pleno. Por tanto, ni siquiera llegaron a debatir la propuesta este martes y optaron por retrasarlo. (La Vanguardia)

La Comunidad ha encontrado casi 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ya indaga si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y de 34 más de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad, que luego contrataban con empresas que hacían las campañas electorales de los populares. Estas compañías habrían cobrado así el dinero por sus trabajos para el PP, según los investigadores, que analizan contratos de carreteras que superan los 74 millones de euros. (El País)

Víctimas y juristas reactivan la memoria de aquellos 250 kilos de amonal de ETA contra los DDHH. (El Mundo)

El defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, achaca el déficit sanitario de su comunidad a los pacientes que desde otra autonomía son atendidos allí. Una nueva versión del España nos roba, que argumentó durante una entrevista radiofónica que ha levantado mucha polémica. Sin embargo, detrás de esa afirmación, hay numerosas imprecisiones, así como poca autocrítica a la gestión propia. La primera de ellas es el número de ciudadanos de otras comunidades autónomas que viajan a Cataluña a operarse. Tan solo el 1 por ciento de las operaciones que se realizan son a residentes del resto de España. Este exiguo porcentaje responde a la composición del Sistema Nacional de Salud, que tiene situados por toda la geografía centros de referencia para determinadas patologías muy especializadas y en Cataluña hay 83. Además, de estas derivaciones, el 80 por ciento están sufragadas por la comunidad de origen. (El Economista)