(Exclusivas de la prensa de papel 07/10/2020) Papa Francisco: «La vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal, patrimonio de la humanidad»

ABC publica un amplio extracto de la entrevista al Papa que la revista «Il mio Papa» donde se recogen las reflexiones de Francisco sobre la pandemia. "La vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal. La vacuna no puede ser propiedad del país del laboratorio que la encontró o de un grupo de países que se alían para esto; si esto fuera así no habremos aprendido nada de tanto sufrimiento. La vacuna es patrimonio de la humanidad, de toda la humanidad, es universal; porque la salud de nuestros pueblos como la pandemia nos enseña es patrimonio común, pertenece al bien común… y ese debe ser el criterio". (ABC)

El libro 'La coalición frente a la pandemia. Crónica política del año que cambió la historia' (Península) narra el enfrentamiento en el Consejo de Ministros.

Nadia Calviño interviene: –Claro, es que no se puede parar la economía así como así. Cada sector que paremos es un drama de dimensiones bíblicas. A ver si es que nos creemos que la economía tiene un botón para apagar y encender cuando queramos.

–Bueno, ya está bien –interrumpe Sánchez, duro–. Te pido que no me hables en ese tono, Nadia. Todos sabemos lo que supone parar la economía. ¿Te crees que me gusta tomar esta decisión? (...) O paramos el país o el sistema sanitario colapsará y eso podrá provocar miles de muertes más. Que esto no es ningún capricho, por favor. (El Mundo)

Por primera vez, después de 42 años de Monarquía Parlamentaria, han surgido dudas fundadas en España sobre si el Gobierno está utilizando el refrendo como excusa para controlar al Rey. Como se sabe, la Constitución establece que «los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes». Y añade que «de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden». El objetivo del refrendo es no inmiscuir al Rey en los avatares de la política y, por eso, se traslada la responsabilidad del Monarca al Gobierno. (ABC)

Siete meses después del estallido de la crisis del coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha aceptado, por fin, recoger el guante lanzado por 20 expertos españoles en la revista «The Lancet». Finalmente, habrá un comité que evalúe le gestión de este grave problema de salud pública, el mayor en los últimos cien años, pero el diseño de los parámetros que tendrán que guiar su trabajo corre serio riesgo de caer en la imparcialidad. Illa encargará la elaboración de los criterios del futuro examen de la gestión a su número dos y a representantes de las autonomías, gobernadas en su mayoría por el PSOE y sus socios de Gobierno. (La Razón)

Las alertas que contenían los informes diarios de enero y febrero contrastan de manera muy clara con las declaraciones de Fernando Simón o Salvador Illa en los mismos días. Y eso que el ministro de Sanidad recibía y recibe todos los días los informes del DSN. Uno de los ejemplos más llamativos es el del 29 de febrero. Aquel sábado, Seguridad Nacional informó de que se había elevado a «muy alto» el «riesgo de propagación e impacto del Covid a nivel mundial, ante el aumento de casos». Ese mismo día, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias se mostró contrario a tomar medidas preventivas para curarse en salud. «Las razones para decretar la cancelación de eventos no pueden basarse en bulos, informaciones parciales o en el miedo», subrayó Simón. «No hay razones objetivas» que obliguen a reforzar los protocolos de control cancelando la celebración de celebraciones masivas, explicó Fernando Simón. (El Mundo)

Un análisis de las tres primeras semanas del curso escolar realizado para la Comisión Europea por científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña concluye que la reapertura de las aulas no ha tenido un impacto significativo en la expansión de la pandemia. El informe, aún preliminar, estudia las tendencias de positivos por grupos de edad. (El País)

Barones del PP lo tienen claro y piden un «no» a Vox, aunque no desautorizarán la decisión que adopte la dirección nacional. Y ese «no» fue la primera reacción de la cúpula popular cuando Vox anunció a finales de julio la moción de censura. Pero luego empezaron los movimientos en la derecha, las presiones a favor de la abstención por parte de «influencers» en el voto más conservador y la salida de Cayetana Álvarez de Toledo de la portavocía del Congreso, para convertirse en una especie de Juana de Arco de la ortodoxia y los principios de la derecha patriótica y unitaria. Fue una de las primeras en marcar el terreno a favor de la abstención. Todo esto pesa sobre Génova. Y les ha hecho dudar, y ha provocado la discusión sobre la conveniencia de la abstención, que tapan con el argumento de que no harán pública su posición hasta que llegue el momento. Tienen miedo al auge de Santiago Abascal y a «confundir al votante». (La Razón)

La Guardia Civil y la Policía tienen equipos dedicados especialmente a la persecución de los delitos terroristas de autoría desconocida y a la localización de fugitivos. (ABC)

Todos los pasos políticos que ha dado el Gobierno desde el regreso de agosto van encaminados a lanzar un mensaje: el Ejecutivo, y por tanto la coalición, van a durar. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han cerrado filas ahora en la negociación en paralelo del gran plan de recuperación de la economía —que presentan hoy el presidente y los vicepresidentes— y los Presupuestos, que está previsto dar a conocer la próxima semana. El eje conductor es una modernización de la economía mediante un descomunal aumento del gasto público y con un plan a seis años que pretende consolidar la idea de un Gobierno duradero. (El País)

La exención del pago del IVA para la educación y la sanidad privada es potestad de cada país de la Unión Europea. Hay matices, algunas diferencias, pero los números muestran que es la norma, salvo contadas excepciones, y que detrás del espíritu de la directiva que regula estas cuestiones desde 2006 hay más pragmatismo que ideología. Desde Bruselas animan a mantener el sistema vigente, sobre todo si cuadran las cuentas, pero explican que la regulación es tan amplia y genérica que caben muchas interpretaciones y diseños. En la práctica, los 27 mantienen todos la exención de IVA en lo que respecta a Sanidad, pero con algunas diferencias. Así, por ejemplo, en España la Seguridad Social no cubre los servicios de odontología, mientras que en alguno de sus socios sí, al igual que servicios de fisioterapia, de forma completa o parcial. En el de la Educación, lo normal es que haya exención total, pero con algunos matices. (El Mundo)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Toledo, 52 años) anunciará hoy, en el debate del estado de la región, su intención de elevar desde el Parlamento autónomo una proposición de ley al Congreso para que el Gobierno recupere la gestión de impuestos como sucesiones y donaciones. El objetivo es fijar un mínimo de tributación que sea igual en toda España —al margen de los regímenes forales navarro y vasco— y que su recaudación se destine a las comunidades, como ocurre por ejemplo con el 50% del IVA y del IRPF. (El País)

El primer viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia estará marcado en el ámbito económico por la revisión de los precios del gas procedente del país norteafricano. Se trata de una cuestión clave para la competitividad de España y también para Naturgy, que busca un acuerdo con el grupo estatal argelino para obtener una rebaja y evitar un arbitraje internacional milmillonario. En juego, un tira y afloja en el que las partes negocian contratos que podrían sumar 20.000 millones de euros durante décadas. (Expansión)

KKR, Cinven y Providence quieren evitar que la cohabitación que van a mantener a partir de ahora en el capital de la operadora de telecomunicaciones MásMóvil –en su nueva etapa tras la opa– pueda suponer el riesgo de un bloqueo de la compañía en el caso de que los planes de cada uno de los fondos de private equity no coincida con los de los otros dos. Precisamente para reducir ese riesgo los tres fondos han puesto en marcha un mecanismo peculiar que va a permitir que las decisiones puedan ser aprobadas incluso si los tres grupos no están de acuerdo entre sí y sólo con el concurso de dos de ellos. (Expansión)

Las negociaciones entre Unicaja y Liberbank para decidir el control que cada entidad tendrá sobre el nuevo grupo resultante serán claves para sacar adelante la fusión. La unión, precisamente, ya se frustró en mayo de 2019 ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en la ecuación de canje. Mientras Unicaja aspiró entonces a controlar el 60% del nuevo banco, lo que dejaba a Liberbank una participación del 40%, el grupo asturiano quería elevar su poder a en torno un 45%47%, dejando al banco de origen andaluz un peso de entre el 53%55%. Ahora, tras las primeras conversaciones, la situación ha vuelto a un punto similar al que estaban, pero el escenario en las entidades ha cambiado. (El Economista)

Vodafone España ha puesto en marcha una ofensiva en el segmento de las pymes, un área clave, que puede aportar crecimiento gracias a la digitalización, pero que ahora se enfrenta a las complicaciones derivadas de la crisis del Covid. La teleco, que responde así a los movimientos de rivales como Telefónica, va a comercializar una nueva oferta de servicios de comunicación para pymes denominada Vodafone Red Infinity Smart, con la que busca adaptarse a las necesidades de comunicación de las pymes y sus empleados “con total flexibilidad”. (Cinco Días)

La Sala detecta que el proceso afecta a la retroactividad y a la previsión normativa. La Audiencia Nacional arremete contra la normativa de bienes en el extranjero. (El Economista)

El ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, aseguró al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado enero que las «instrucciones políticas» de la «operación Kitchen» –el supuesto espionaje a Luis Bárcenas para sustraerle documentación sensible para el PP– partieron de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, que en esas fechas dirigía Francisco Martínez. (La Razón)

Villarejo ideó la segunda operación Cataluña a través de Cospedal. El excomisario ofreció acceder a cuentas andorranas de empresarios. (La Vanguardia)

La purga que Quim Torra ejecutó en los Mossos d’Esquadra tras las protestas violentas del 1-O quedará al descubierto. El Govern deberá suministrar a Ciudadanos «una copia de todos los expedientes disciplinarios tramitados por la División de Asuntos Internos del cuerpo autonómico entre 2017 y 2019, independientemente de si han sido resueltos con sanción o sin ella». Es decir, deberá hacer público el resultado de la caza de brujas que el ya ex presidente de la Generalitat ordenó llevar a cabo en su propia Policía al considerar que había reprimido el «legítimo derecho de protesta» de la masa independentista tras el fallo del Tribunal Supremo que condenó a penas de hasta 13 años de prisión a los promotores del referéndum ilegal. Ciudadanos también podrá acceder a los expedientes abiertos en los dos años previos, es decir, desde la celebración del 1-O. (El Mundo)