Exclusivas de la prensa de papel (20/09/2019)

La empresa de telecomunicaciones y el grupo audiovisual crearán un gran estudio, en una joint venture al 50% cada uno, para hacer frente a plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Video, con contenido tanto para Movistar+ y Atresmedia como para terceros operadores. Según las fuentes consultadas, las compañías han firmado un principio de acuerdo, que concluirá en la constitución de la empresa conjunta, una vez hayan superado la aprobación de las autoridades de la competencia, que puede realizar un examen en profundidad teniendo en cuenta el peso que tiene Atresmedia en el mercado de la televisión en abierto y el de Telefónica, en el de la televisión de pago. Los grupos han declinado hacer comentarios. (Expansión)

No solo hubo entrevistas a políticos españoles en The Guardian a través de The Report Company. También tuvo la suya Javier Tebas, el presidente de LaLiga de Fútbol. The Guardian señala que “el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante”. Fuentes de LaLiga aseguran que fue una entrevista convencional: “No sabemos por qué pagó The Report Company. Nosotros hicimos una entrevista sin más”. Tan solo el presidente valenciano Ximo Puig reconoce haber pagado a la empresa The Report Company, la firma que le consiguió la publicación de una entrevista en el diario The Guardian tanto a él como a los presidentes autonómicos Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francina Armengol (Baleares), Fernando Clavijo (Canarias) y José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (El Economista)

Santander ha contratado, a través de proveedores como la empresa californiana Synack, a hackers para detectar posibles flancos débiles en su infraestructura tecnológica, mediante ciberataques controlados. Tras aplicar con éxito este experimento en su filial británica Santander UK, el grupo lo está probando ahora en otros países. (Expansión)

La avalancha de demandas que reciben las entidades financieras por casos relacionados con la contratación de hipotecas ha colapsado los juzgados uniprovinciales (creados para tratar casos de cláusulas abusivas) hasta el punto de acumular en torno a 500.000 asuntos en los dos últimos años. Por ello, según explican fuentes jurídicas, los jueces han propuesto a los bancos adherirse a un programa voluntario para resolver las demandas de sus clientes por la vía rápida. Aunque los pactos entre entidades y clientes eran habituales, hasta ahora no había un mecanismo en la justicia para agilizar el proceso. De momento, los únicos juzgados en poner en marcha sus protocolos han sido los de Pamplona y Barcelona y el primer banco en unirse ha sido CaixaBank. (Cinco Días)

Duke Buchan III, embajador de EEUU en España desde 2017, concede su primera entrevista en España a EXPANSIÓN para explicar los beneficios para las empresas y la inversión del nuevo Convenio fiscal entre España y EEUU, que se ha validado tras años de bloqueo, y que entra en vigor el 27 de noviembre. Considera que “España gana atractivo para la inversión de Estados Unidos por el Brexit”. Buchan cuestiona que el Gobierno español quiera imponer una tasa Google “unilateral”, lo que “preocupa en Silicon Valley porque puede perjudicar a las start up”. (Expansión)

Cerberus lo tiene todo listo para culminar una desinversión que se le ha atragantado desde el pasado año. Tras haber renunciado a protagonizar una salida a Bolsa y recortar a cerca de la mitad su valoración, ultima un acuerdo con el fondo Centricus para vender el servicer Haya Real Estate por cerca de 700 millones de euros, un importe bastante menor de lo esperado inicialmente. El fondo estadounidense espera que la venta se firme antes de fin de año. (Cinco Días)

Blackstone se hace con uno de los edificios más relevantes de oficinas de Barcelona. El fondo estadounidense ha reforzado su negocio inmobiliario en España al cerrar la compra a UBS de la conocida como Torre Tarragona, junto a la Estación de Sants, por cerca de 100 millones de euros, en una operación adelantada por CincoDías en junio. (Cinco Días)

El recibo de la luz de este mes de septiembre llegará con un nuevo recargo y supondrá que, por primera vez, los impuestos de la electricidad sean diferentes en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Las eléctricas comenzarán a trasladar a los clientes el coste de los impuestos autonómicos que 15 regiones impusieron en el año 2013. Gesternova, una de las principales comercializadoras de energía verde, ha realizado una estimación del coste que puede suponer para los consumidores por autonomías. Galicia, Castilla y León y Cantabria serán las regiones que más cobrarán por este motivo, frente a Cataluña, Madrid y Andalucía, que serán las que menos. El cobro tendrán que realizarlo todas las comercializadoras. La estimación del recargo va de los 0,3 euros de Andalucía a los 10,36 euros de Galicia. (El Economista)

El uso de herramientas informáticas que permiten generar perfiles de riesgo, junto al incremento del número de funcionarios y el endurecimiento de los tipos penales contra el fraude en la contratación de trabajadores hacen que los dos nuevos planes de inspección que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo resulten especialmente duros sobre las actuaciones previas. A pesar de los excelentes resultados cosechados con el Plan Director por un Trabajo Digno, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone de datos a través de su Herramienta de Lucha contra el Fraude, que indican que pese al impacto de los planes de choque de 2018, la contratación temporal fraudulenta y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial son graves problemas del mercado de trabajo. (El Economista)

El problema para garantizar que diez millones de pensiones suban en 2020 por encima del límite legalmente establecido presiona al Gobierno de Pedro Sánchez a siete semanas de la repetición de la convocatoria electoral. Según fuentes próximas a la Administración, el Ministerio de Trabajo ha trasladado en las últimas semanas consultas a la Abogacía del Estado para contar con respaldo jurídico en el caso de que decida decretar una revalorización de las pensiones conforme al IPC, sorteando así el límite del 0,25% establecido por la ley-. Trabajo niega haber trasladado una consulta oficial a la Abogacía del Estado, aunque admite que puede haberse pedido opinión de forma oficiosa. Sánchez confirmó anoche que su intención es elevar las pensiones en torno al IPC.  (El Mundo)

Varapalo judicial para el Ministerio de Hacienda. Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han dictaminado que la Administración sí puede ser condenada en costas judiciales aunque desista de seguir litigando. Ante los últimos casos de pulsos judiciales con miles de contribuyentes, como en la exención en el IRPF por la prestación de maternidad, la estrategia del Ministerio consistía en desestimar todos los recursos de los afectados. Si la Justicia les daba la razón dejaba automáticamente de recurrir -se allanaba, en el argot jurídico- para así ahorrarse millones de euros y evitar la condena en costas. (ABC)

Mario Garcés Portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados “Tenemos el peor dato de afiliación de los últimos 10 años, nos vamos a 2009”. “Pablo Casado tiene suficiente altura y dimensión y va a ser un hombre de Estado”. (El Economista)

El PP no quiere una campaña como la de las generales de abril. Barones y dirigentes territoriales han empezado ya a hacer llegar a la sede nacional mensajes con enmiendas, consejos o advertencias, como se quiera calificar. Por los movimientos vistos hasta ahora, parece que en Génova también han reflexionado sobre la necesidad de hacer cambios, aunque en ningún caso se planteen llegar tan lejos como algunas de las demandas que se airean ya internamente. El equipo de Pablo Casado sigue sosteniendo que la estrategia de abril, que se identificó como un volantazo a la derecha, no fue un «error», sino una solución de urgencia para taponar la fuga de votos a Vox. Ellos dicen que se hizo lo correcto, que no había otra salida a una situación extrema, aunque también admiten que ahora las circunstancias son distintas. Y en sus primeros movimientos lo que están primando son los guiños a la moderación. «La radicalidad, para los de Vox», se escucha dentro de Génova. (La Razón)

Tras la reforma del Código Penal introducida por el PP en 2015, el artículo 140 establece que el asesinato "será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª Que la víctima sea menor de 16 años de edad [...]". Pese a lo diáfano de la redacción, la prisión permanente no está asegurada. Hasta la fecha, la pena se ha impuesto en una decena de casos, pero en dos de ellos la decisión se ha corregido. De hecho, la primera condena que examinó el Tribunal Supremo sobre esta pena acabó siendo revocada. El Alto Tribunal explicó que la deficiente redacción legal hacía imposible aplicarla a la mayor parte de los casos de menores y personas vulnerables. El motivo era que se exigía algo vedado en el ámbito penal: usar dos veces una misma circunstancia -edad o especial vulnerabilidad física- en perjuicio del acusado. (El Mundo)

Manuel Cruz hurtó las reflexiones filosóficas sobre el paso del tiempo del surcoreano Byung-Chul Han, una de las grandes estrellas del pensamiento contemporáneo, sin cita ni mención alguna. Lo hizo tras publicar como editor la obra copiada. (ABC)

Una vez que haya cumplido esa parte de la pena y, al igual que los demás reclusos clasificados en segundo grado penitenciario, podrá disfrutar de 36 días de permiso al año. El artículo 154 del Reglamento Penitenciario es taxativo al respecto: «Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta». (La Razón)

Antoine Griezmann negoció por escrito y en secreto el pasado mes de marzo, mientras el Atlético de Madrid se jugaba la temporada, el pago de 14 millones de euros en comisiones por su fichaje con el Barcelona. El entonces jugador rojiblanco se intercambió una serie de correos electrónicos, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, en los que no sólo abordó su marcha al conjunto azulgrana, sino también lo que éste debía pagar a sus asesores, la mayoría familiares, y a un mediador clave. (El Mundo)

Un alto cargo socialista formará parte del Diplocat, el ente diseñado por la Generalitat en 2012 para promocionar el proceso independentista en el extranjero y cuya implicación en la organización del 1-O está siendo investigada judicialmente. Laia Bonet, número dos del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y tercera teniente de alcalde, ha aceptado ser la representante del Ayuntamiento de la capital catalana en el Pleno del Diplocat, su «órgano de Gobierno superior», que está presidido por el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra. (El Mundo)

Quim Torra no tendrá que sentarse en el banquillo la próxima semana por negarse a retirar los lazos amarillos durante la última campaña electoral. Pero no porque el presidente de la Generalitat cumpla finalmente su amenaza de no acudir a la vista oral, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido –según han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas– aplazar la celebración del juicio ante la imposibilidad de resolver la recusaciones en cadena planteadas por Torra para apartar de la Sala a dos de los tres magistrados que la integran y al juez encargado de instruir esos incidentes. (La Razón)

El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha retirado de su web los informes que contenían fotografías sobre la restauración de imágenes religiosas tras las protestas de varias cofradías andaluzas, que las consideraban “hirientes” para su sensibilidad. Las fotos mostraban las tallas en pleno proceso de reparación, desmembradas en algunos casos. El Ministerio de Cultura explicó que el instituto ha optado por retirar de Internet las fotos y los informes “por deferencia a las cofradías y hermandades propietarias de los bienes restaurados”. La decisión de retirarlas ha sido a su vez polémica por el interés científico que tienen los informes de restauración. (El País)