Exclusivas de la prensa de papel (18/03/2019)

Las listas de espera son el mayor motivo de queja que tienen los españoles sobre la sanidad pública. Casi 600.000 pacientes aguardan una llamada para entrar a quirófano y 1,5 millones más esperan una cita con el especialista. Los expertos coinciden en que estos datos pueden mejorarse con medidas que han funcionado en otros países, como incentivar a profesionales y hospitales, mayor transparencia y extender la libre elección de hospital por parte del paciente. (El País)

Antonio Llardén, presidente de Enagás, explica que “salir al exterior es la garantía de futuro” del grupo. Además, hacerlo a través de la multimillonaria alianza anunciada con Blackstone hace días para irrumpir en EEUU pone a Enagás en el “tablero mundial” del sector. “Si no sigues la senda de la internacionalización, estás fuera del mercado”, dice el primer ejecutivo de una empresa en la que los fondos extranjeros, entre ellos los gigantes estatales de Noruega, Abu Dabi, China y Kuwait, ya tienen el 75% del capital. (Expansión)

El banco crea Landmark Iberia, que será uno de los grandes propietarios de terrenos en España. La intención de la entidad es poner en valor el suelo y aligerar aún más su exposición inmobiliaria. (Cinco Días)

La compañía aspira a conseguir 250 aperturas netas entre 2019 y 2021 y lograr un ‘ebitda’ de 100 millones al acabar este plan estratégico. (El Economista)

El fenómeno de las empresas innovadoras tecnológicas no es pasajero. En los últimos cinco años se ha consolidado como una nueva forma de entender el modo de hacer negocios. La asociación Mobile World Capital calcula que actualmente, hay en activo 4.115 empresas emergentes en toda España. Es una cifra que crece año tras año. Sin embargo, es ínfima si se compara con el total de compañías en funcionamiento en el país. Según los últimos datos del INE, correspondientes al año 2016, hay más de 3 millones de empresas en todo el país, lo que significa que las emergentes no llegan ni a representar ni el 0,01% del total. (La vanguardia)

De poco están sirviendo las advertencias del Banco de España sobre el crédito al consumo. Las entidades continúan con su estrategia de aumentar el volumen de negocio a pesar de los riesgos sobre la morosidad. Esta situación ha permitido que, por primera vez en la historia, estas entidades ganen más de 1.000 millones de euros. (El Economista)

Una base de datos creada recientemente por el Colegio de Registradores, que pone nombre y apellido a los auténticos dueños de las empresas españolas, se perfila como herramienta clave para combatir el blanqueo. El registro ha permitido poner la lupa sobre 122.040 sociedades en la cadena de control de otras, lo que se conoce como sociedades pantalla o interpuestas. El récord probablemente lo tiene “un señor inglés” que ha resultado ser el titular último —la persona que en realidad controla el capital— de una empresa española a través de una larga cadena de nueve sociedades interpuestas, una de ellas domiciliada en una de las Islas del Canal considerada paraíso fiscal por Gestha (la asociación de técnicos de Hacienda). Como dice José María de Pablos, director de Sistemas de Información del Colegio de Registradores, el caso “tiene mala pinta” y probablemente acabará en manos de la oficina antiblanqueo de esta institución para ser investigado. (El País)

El auge de las ventas a través de Internet ha resultado decisivo para que las colisiones de vehículos de transporte ligero aumentasen un 55% entre 2012 y 2017, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La accidentalidad se ha agudizado como consecuencia de la precariedad laboral de los conductores de estas furgonetas, generalmente subcontratados para hacer jornadas maratonianas y realizar el mayor número de pedidos en el menor plazo de tiempo posible. Estas condiciones les someten a un gran estrés que también se ha reflejado en incidentes que no han requerido hospitalización (un 32% más en igual plazo). (El País)

Ocho de cada diez empresarios sitúan a la política nacional en el centro de sus preocupaciones, por encima de cuestiones tan en boga como el Brexit, la desaceleración o los riesgos geopolíticos, y casi la mitad de los encuestados cree que todo irá a peor este año. Esa es la principal conclusión del informe Perspectivas 2019 que elabora KPMG en colaboración con la CEOE basado en una encuesta a mil directivos y empresarios españoles. El 67% de los consultados resalta que ya el pasado año el mal clima político afectó negativamente a sus negocios. Los empresarios temen que la situación se traduzca en regulaciones contrarias a la actividad empresarial. Hay motivos para compartir esa preocupación. El populismo ha ganado terreno en el debate político español, lo que, unido a la dificultad que señalan las encuestas para configurar una mayoría parlamentaria que aporte estabilidad y racionalidad al marco normativo español, dibuja un panorama poco tranquilizador. (Expansión) (El Economista)

La subida del salario mínimo hasta 900 euros mensuales y el aumento de los impuestos al empleo son barreras que han encarecido la contratación y se traducirán este año en que la economía española requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Los datos de afiliación, el termómetro más fiable para medir el empleo, reflejan desde el verano una clara desaceleración, en línea con la economía, que se agudiza cada mes. (ABC)

El veto a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez ha puesto al Gobierno en un callejón, por lo pronto, sin salida, para lograr hacer frente al incremento de las entregas a cuenta a las autonomías de 2019. Se trata de casi 7.000 millones de euros, con los que las comunidades autónomas ya contaban al diseñar sus presupuestos de este año y que ponen en un brete la sostenibilidad de sus cuentas. El Ministerio de Hacienda confirma estos problemas para encontrar un fórmula legal que permita facilitar el incremento de esta partida destinada a las regiones, cifrada concretamente en unos 6.939 millones, una situación que ya era temida hace tiempo por el departamento, dado el previsible rechazo de las Cortes a las Cuentas socialistas. Además, el Gobierno duda de la capacidad para aplicar un Real Decreto-Ley. (El Economista)

La suma del bloque de centroderecha baja con respecto a febrero, según el sondeo de marzo de NC Report. La fecha de realización es entre el 11 y el 15 del presente mes. Las derechas pasan del 52,5% al 51,3% en intención de voto, y en escaños la evolución a la baja les lleva de estar en una horquilla de entre 179 y 186 diputados a situarse entre 176 y 185. En cualquier caso, en la mayoría absoluta incluso en su nivel más bajo. PP y Ciudadanos (Cs) bajan 0,4 y 1,1 puntos, respectivamente. Y Vox avanza 0,3. En comparación con las encuestas anteriores, el PP desacelera su caída, y Cs la acelera. Vox también comienza a dar señales de agotamiento. El sondeo atribuye a Pablo Casado entre 95 y 98 escaños; a Cs, entre 61 y 64; y Vox se mueve entre los 20 y los 23. En las últimas generales, el PP logró 137 diputados, y el partido de Albert Rivera, 32, es decir, que este último prácticamente duplica su representación aunque ya no haya ningún sondeo que aliente la expectativa del «sorpasso» de Rivera a Casado. (La Razón)

Los pilares económicos de Mariano Rajoy han empezado a descolgarse del proyecto del líder popular, Pablo Casado, que confía en economistas como Daniel Lacalle o en empresarios como Manuel Pizarro para esta etapa. (El Economista)

El testimonio del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que aseguró el pasado jueves que advirtió a Carles Puigdemont de que el 1-O «necesariamente» se producirían graves conflictos «de orden público y seguridad ciudadana» fue el que mayor revuelo mediático generó, pero la Fiscalía considera más determinante el que prestó una semana antes Manel Castellví. El ex responsable de la Comisaría General de Información de los Mossos explicó que en esa misma reunión del 28-S la cúpula de la Policía autonómica trasladó a Puigdemont, Junqueras y el conseller de Interior Joaquim Forn el riesgo de que en la jornada del referéndum soberanista se produjera «una escalada de violencia». Para la Fiscalía, apuntan esas mismas fuentes, Castellví es el testigo clave, dado que «es un testigo puro» porque, a diferencia de Trapero (que será juzgado en la Audiencia Nacional por rebelión por haber puesto supuestamente a los Mossos al servicio del plan independentista) «no está imputado». «Fue quien abrió la caja de los truenos», subrayan. (La Razón)

Los socialistas confían en que el regreso de Pablo Iglesias a la escena política frene la caída de votos de la formación y no se pierda ningún voto de la izquierda. (El Mundo)

Cinco licenciados en Derecho se encargan de mantener el control de Santiago Abascal sobre Vox, un partido que en los últimos meses ha multiplicado por diez sus afiliados. Forman el comité de garantías, que aplica el código disciplinario a díscolos y críticos; pero también integran el comité electoral, que controla las elecciones internas. Aunque, según los estatutos, ellos son “el garante de la democracia interna en el partido”, Vox se niega a revelar sus nombres, como obliga la ley de partidos, no solo a la prensa sino incluso a afiliados. (El País)