El juez Calama no quiere investigar ni la resolución de la intervención, ni a Uría y Menéndez, ni el papelón de Emilio Saracho ni al gran beneficiado: el Santander.

El caso Popular está creando dos peligrosos precedentes en banca: la impunidad española y la europea.

Y es que, una vez conseguida la exoneración de la JUR en Europa por la intervención del banco... "alguien tiene que ir a la cárcel".

En cinco años no se ha descubierto nada pero, miren por dónde, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, que lleva la instrucción, acaba de encontrar que en el Banco Popular faltaban algo menos 500 millones de euros en provisiones. Y a través de los mismos peritos del Banco de España que han dicho, y ahora han repetido, que el Popular era un banco solvente y con un patrimonio de 11.000 millones de euros.

De hecho, la inspección del supervisor lo único que hizo fue una recomendación, que no un requerimiento, para que el Popular, presidido entonces por Ángel Ron, aumentara sus provisiones. En ningún caso la cosa llegó a requerimiento, se quedó en consejo del supervisor.

No sólo eso, los propios peritos, a pesar de la insistencia del juez y los fiscales, insisten en que ese consejo de mayores dotaciones en ningún caso puso en peligro la ampliación de capital y aseguran que el proyecto de ampliación es correcto. Y por último: una provisión no es más que una previsión por si vienen mal dadas. Estas, ni tan siquiera eran obligatorias.

Paradoja: los mismos peritos del Banco de España que dijeron que el Popular era solvente y que valía 11.000 millones de euros, ahora aseguran que faltaban provisiones. Pero dejan claro que lo del efecto retroactivo es un mero "ejercicio teórico". ¿Y entonces?

Es igual, nada tiene que ver esto con lo que se ha publicado en los medios. Lo que ha saltado a la opinión pública es que el juez ha pedido que ese desfase de provisiones se aplique ¡con efecto retroactivo!, algo así como decir: ¿qué hubiera pasado si se hubieran aplicado esas recomendaciones? Algo así como el viejo adagio: si mi padre fuera mi tío yo sería primero hermano mío y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.

En cualquier caso, con tan sorprendente viraje, se abre el camino de una posible vía penal por falsedad en documento mercantil y estafa en la ampliación de capital, no contra el equipo de Emilio Saracho -ocho meses para hundir un banco- sino contra el de Ángel Ron.

Y el marco es grave porque los mismos peritos del Banco de España que dijeron que el Popular era solvente y valía 11.000 millones de euros, ahora aseguran que faltaban provisiones. Eso sí, dejan claro que lo del efecto retroactivo es un mero "ejercicio teórico". ¿Y entonces?

En paralelo, el juez Calama no parece tener interés en investigar ni la resolución de la intervención, ni a Uría y Menéndez, el despacho de abogados que forzó a los consejeros del Popular a solicitar la intervención, ni el papelón de Emilio Saracho como correa de trasmisión con el gran beneficiado de la intervención del banco: el Santander.

Dicho de otra forma: el caso Popular está creando dos peligrosos precedentes en banca: la impunidad española y la europea.

La española porque la coña de que como no hemos podido demostrar la insolvencia del Popular, es más, ha resultado todo lo contrario, se ha impuesto la norma de que el Popular cayó por falta de liquidez. Eso, dicho en el siglo XXI, cuando la liquidez de una entidad no la aseguran sus depositantes sino el Banco Central Europeo, hermano gemelo de la JUR, que intervino el Popular... pues suena un poquito a pitorreo.

Y a ello se le une la impunidad europea, porque una vez que los tribunales europeos han eximido de toda responsabilidad a sus cuñados de la JUR, para justificar una intervención que nunca debió producirse, y tal como asegura el detective de la famosa película La Búsqueda... "alguien tiene que ir a la cárcel".

El caso Popular sienta el peor precedente de toda la banca española.