En EEUU, la Administración Biden -por medio del Departamento de Justicia y 16 fiscales generales de los estados- ha presentado una denuncia contra Apple, el gigante de la tecnología de nacionalidad también estadounidense.

Y es que en EEUU no hay problema alguno en demandar a quien haga falta -incluidas sus propias empresas- con tal de asegurar la competencia, siempre en beneficio de los consumidores.

El Gobierno estadounidense acusa a Apple de haber creado un monopolio consistente en que sus dispositivos -entre ellos su producto estrella, el iPhone- utilizan un sistema operativo propio -como si fuera una autopista--  que impide el acceso a aplicaciones que no utilicen esa tecnología -como si impidiera el acceso de coches que no fueran de Apple a esa autopista-, todo lo cual acaba redundando en el aumento de los precios que tienen que pagar sus clientes, puesto que las aplicaciones en los iPhone no están sometidas a competencia. Y también los clientes tienen más difícil cambiar de compañía tecnológica. 

Así, el fiscal general, Merrick Garland, ha dicho en un comunicado: “Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio”. Y añadió: “Si esto no cambia, Apple seguirá fortaleciendo su monopolio en los teléfonos inteligentes”.

Ante la noticia, la multinacional con sede en Cupertino (California) emitió un comunicado en el que afirma: “Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que diferencian a los productos de Apple en mercados intensamente competitivos”. Y añadió que si la denuncia sale adelante, se sentará “un peligroso precedente”, por el poder que tendría el Gobierno para intervenir en el diseño de tecnología.