Cuando María Jesús Montero nombró a Belén Gualda presidenta de la SEPI (30 de marzo), todo hacía indicar que la Presidencia de Fernando Abril-Martorell en INDRA se iba a prolongar en el tiempo, ya que mantiene una buena relación con Gualda.

Nada más lejos de la realidad. El martes 18, la nueva presidenta de la SEPI le advirtió de que había perdido la confianza del Gobierno, que equivale a decir que le iban a cesar. Y así fue. Ese mismo día, tras el Consejo de Ministros que, entre otras medidas, aprobó el acuerdo entre Enaire e INDRA para el despliegue de 200 nanosatélites, le llamaron desde Moncloa para que no asistiera a la firma de dicho acuerdo.

Los encontronazos entre Abril-Martorell y el Gobierno se remontan a abril de 2020, cuando Marisú obligó al presidente de INDRA (el Estado es el máximo accionista con el 18,7%) a retirar su propuesta de ERTE, así como la rebaja salarial de la plantilla. En noviembre, y ante la crisis económica provocada por las restricciones, Abril-Martorell no tuvo más remedio que presentar un ERE en la división de Soluciones Tecnológicas de la Información (ISTI), que afectaba a 1.036 empleados, de una plantilla de 13.067. Finalmente, y tras otra pugna con Marisú, el expediente se redujo a 580 empleados.

Luego está el empeño del Gobierno por lograr que una empresa española compre ITP. La señalada desde el principio fue INDRA, pero a Abril-Matorell no le salían los números. Se negó ha pujar a pesar de la insistencia de Moncloa, lo que minó aún más la ya debilitada confianza del Gobierno.

El cese de Abril-Martorell se produce, además, la misma semana en la que INDRA ha sido seleccionada como coordinadora de la segunda fase del programa europeo de defensa (FCAS), una decisión muy importante para la compañía y para España, que aumentará su peso en el programa hasta ponerse a la altura de Francia y Alemania.

En cualquier caso, el hecho de que el Estado sea el máximo accionista de INDRA (18,7%) no debería ser suficiente argumento para cesar al presidente, y de esta manera. El mercado, por su parte, no comparte la decisión del Gobierno y lo ha dejado patente en la cotización de la compañía, que ha terminado la sesión de este viernes con una caída del 7,9%.