Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este casi ha declarado hoy como testigo a Daniel Mateo, quien habría actuado como intermediario entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, este último investigado en el caso Koldo por la Audiencia Nacional por presuntamente haber facilitado información relacionada con actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Villalba declaró ante el juez Pedraz que se reunió con Díez en dos ocasiones. Además, Díez ofreció a Villalba restituirlo en su puesto (estaba apartado por estar siendo investigado) si le daba información comprometedora sobre Antonio Balas. 
 
Pues bien: en su declaración de hoy ante el juez, Daniel Mateo --que se ha presentado ante el juez como colaborador de la Guardia Civil-- ha asegurado que Díez le pidió ayuda en nombre del "one", a quien identificó con las palabras "presidente" y "Pedro". Díez también  le explicó que estaba en contacto con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. 

Mateo también ha relatado al juez que se puso en contacto con Koldo García para preguntarle quien era esa tal Leire Díez. Koldo le respondió que era miembro del PSOE y una mujer con poder dentro del partido, pue stop el mundo se le ponía al teléfono y podía acceder incluso al mismísimo presidente del Gobierno.   

Además, este testigo ha contado el juez Pedraz que Leire Díez le dijo que en Moncloa estaban "enfadados" porque el entonces DAO de la Guardia Civil (el teniente general Pablo Salas Moreno, desde febrero de 2020 hasta junio de 2025) no estaba frenando las investigaciones de la UCO que afectaban al entorno del presidente Sánchez y que quería cambiar al DAO. 

También se ha sabido hoy que las 'cloacas' de Cerdán y Leire activaron la presión sobre la UCO tras filtrarse correos de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. 

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2.-Caso Begoña Gómez: como recogió Hispanidad, la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular de nueve madrileños por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida).

Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado (titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid) pidió a las partes -a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- que presentasen sus nuevas peticiones de cara al juicio con jurado popular. Hazte Oír ha pedido 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Por su parte, la Fiscalía en este caso sigue pidiendo la absolución tanto de Gómez como de Álvarez. Mientras que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha entregado al juez un nuevo escrito en el que pide a la esposa de Pedro Sánchez y a su asistente en Presidencia del Gobierno el pago de 113.509,32 euros, en concepto de responsabilidad civil. 

El juez Peinado dio ayer martes tres días a las defensas para que expliquen si renuncian o no a una audiencia preliminar en la que las partes tendrían que pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.  

Hablando del juez Peinado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida ayer, decidió dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión sobre si se debe sancionar al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por posibles "faltas leves de desconsideración y de retraso" durante la instrucción del caso. Y eso que el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso archivar las cinco quejas en contra del magistrado...

Pero la noticia de hoy ha sido que Begoña Gómez ha cambiado de abogado y que su nuevo letrado, en sustitución de Antonio Camacho, será Jaime Campaner. Y es que todo parece indicar que Gómez terminarña sentada ante un jurado popular...

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3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró el pasado 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el Ceo, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.

El pasado 23 de julio, fue entrevistado en el programa 'Mañaneros 360' (TVE) Zapatero, quien lo negó todo: no sabe nada de las joyas, no ha participado en el rescate de Plus Ultra, no ha cobrado comisión alguna, no tiene sociedades 'offshore'... sólo que nadie le cree.

Además, hoy ha trascendido que a su abogado, Víctor Moreno Catena, no le gustó nada la realización de esa entrevista. Moreno Catena, por cierto, tiene previsto seguir con la estrategia de defensa consistente en apelar a los defectos de forma en la instrucción del caso para intentar anularlo, estrategia ciertamente arriesgada, como se está viendo...

Y hoy también se publica que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, multiplica por nueve la rentabilidad media de su sector. Ayer se supo que cuantificaron en 2.169.246 euros el volumen de negocio.