El gran desastre de los laudos de renovables continúa creciendo, con una lista de injustos embargos, y ahora se estrecha el cerco contra España en EEUU y Países Bajos por culpa del fondo Blasket Renewable Investments. Un tema que no favorece en nada a la reputación y la imagen exterior de nuestro país, ahora bastante tocada por la creciente corrupción del PSOE, partido cuyas riendas ostenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Recientemente, la Administración Trump ha pedido al Tribunal Supremo español que rechace el recurso presentado por España contra las reclamaciones millonarias de los inversores que se vieron perjudicados por el recorte de las generosísimas primas a las renovables que dio José Luis Rodríguez Zapatero (ahora imputado y salpicado por corrupción). Así se recoge en el dictamen del procurador general, John Sauer, que representa al gobierno de EEUU frente al Supremo, como informa El País, que también recuerda que nuestro país ha alegado en distintos tribunales (incluido el TS) que tiene inmunidad soberana para afrontar la casi treintena de laudos que le obligan a indemnizar a los inversores con unos 1.800 millones de euros (más de 2.300, si se suman las costas procesales y los intereses legales y de demora). Además, España argumenta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó los conflictos entre inversores comunitarios y un Estado miembro, y la Comisión Europea respalda la postura y es la que debe autorizar los abonos reclamados para evitar que se declaren ayudas ilegales.
Antes de continuar, conviene recordar el origen del gran desastre de los laudos de renovables. Todo empezó con las generosísimas primas a las renovables que el socialista Zapatero ofreció cuando era presidente del Gobierno, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%... y atrayendo así a gran cantidad de fondos y empresas. Estas primas se articularon a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con José Montilla, luego, con Joan Clos, y después, con Miguel Sebastián, quien comenzó a ver la magnitud del problema (el déficit de tarifa se había disparado a casi 30.000 millones -deuda que hoy seguimos pagando-) e inició su recorte en 2010. En diciembre de 2011, llegó a La Moncloa el pepero Mariano Rajoy, quien eligió a José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo, el encargado de dar un fuerte tijeretazo a las citadas primas y que también intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes)... que aún sigue en vigor y la industria pide eliminar para rebajar sus elevados costes energéticos. Un impuesto que ha eliminado Portugal el pasado 1 de enero.
Las generosísimas primas atrajeron a muchos inversores (empresas y fondos de inversión), a los que no les hizo gracia ni su recorte ni el nuevo impuesto, y empezaron a acudir a los tribunales, pero sin mucho éxito. Hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero, y apuntó que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, fueron surgiendo arbitrajes o laudos (donde hay tres abogados: uno por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Se han dado fallos en contra y favorables a nuestro país, pero no ha pagado ni un euro de las indemnizaciones reclamadas. Como en dichos arbitrajes hay abogados y estos no pueden dictar sentencia, los demandantes (empresas y fondos de inversión afectados, así como fondos oportunistas -entre ellos, Blasket Renewable Investments- que se han hecho con los derechos de cobro de otros fondos) han acudido a los tribunales ordinarios y han empezado a llegar embargos de activos e ingresos del Estado español en EEUU, Australia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos…
Entre dichos embargos, que son injustos, ha vuelto a surgir el temor de que pueda hacerse con el avión de Pedro Sánchez (el Falcon que tanto le gusta o bien el Airbus A-310) si viaja a EEUU a apoyar a la Selección Española de Fútbol en el próximo Mundial que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio en EEUU, Canadá y México. No hay que olvidar que el pasado septiembre, los medios diplomáticos y jurídicos españoles temieron el embargo del Airbus A-310 cuando el presidente del Gobierno viajó a la 80ª Asamblea de la ONU. Y hay precedentes para dicho temor: hace años, Cristina Fernández de Kircher, siendo presidenta de Argentina, se vio obligada a viajar en vuelos charter a EEUU para evitar el posible embargo de su avión oficial Tango 1; y en octubre de 2012, vivió el embargo del buque escuela argentino ‘Fragata Libertad’ en Ghana, como respuesta a la demanda del fondo NML Capital, que exigía el pago de una deuda no incluida en un canje de años anteriores, y que Argentina se negaba a pagar. Al final, el buque fue liberado 77 días más tarde, tras intervenir el Tribunal del Mar y la resolución de la deuda con el fondo.
Hace unas semanas, el juez federal John D. Bates, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dio la razón al fondo Blasket por los recortes a las primas a renovables y condenó a nuestro país al pago de unos 41 millones. Claro que como no se prevé el cobro, autorizó un embargo por dicha cifra, permitiendo que los acreedores registren la sentencia en otros distritos federales y continún con la búsqueda de activos españoles que sean susceptibles de embargo. Esto sigue poniendo en riesgo no sólo al avión de Sánchez, sino también otros aspectos relacionados con la participación de la Selección Española en el próximo Mundial de Fútbol.
Cabe recordar que EEUU no firmó el Tratado de la Carta de la Energía, acuerdo que se diseñó fundamentalmente para proteger inversiones del sector energético, sobre todo, en Europa y Asia. España anunció su salida de dicho Tratado en 2022 y en 2023, siguiendo los pasos de Italia y Polonia, siendo vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (vicepresidenta europea desde el 1 de diciembre de 2024)... pero el proceso de adiós no se hizo efectivo hasta el 17 de abril de 2025, ya con Sara Aagesen habiendo relevado a Ribera. Sin embargo, aunque nuestro país se ha retirado del tratado, este incluye una cláusula de supervivencia que mantiene las protecciones a los inversores durante ¡20 años más, tras la salida!
Al otro lado del océano Atlántico, el fondo Blasket también está estrechando el cerco contra España, por ejempo, a través del embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) que se anunció hace casi un mes. Los acreedores aseguran haber tomado “posesión efectiva” de la sede del organismo cultural, que está valorado en 10 millones, y hace unos días colocaron carteles en la fachada donde se podía leer que el edificio estaba en venta por ejecución de embargo... que luego fueron retirados. Por su parte, el Instituto Cervantes ha respondido con un comunicado, donde afirma que “en ningún momento el fondo buitre Blasket Renewable ha tomado posesión del inmueble, y la actividad tanto académica como cultural sigue con total normalidad”. Asimismo, el organismo que dirige Luis García Montero ha señalado que “el Gobierno español nos ha comunicado que «han iniciado acciones a través de la Abogacía del Estado para la protección del inmueble, que es propiedad de Patrimonio del Estado. Para ello, se está aplicando el derecho internacional y el derecho de la Unión, que impide el pago del laudo que se está tratando de ejecutar”.
La Agencia EFE ha informado que fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado que España ha iniciado un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue al bailiff -una figura del derecho holandés similar a un agente judicial o un procurador- a levantar el embargo trabado, porque el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea. También han explicado que han sido informados de que el Gobierno holandés ha notificado al bailiff de Blasket su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta del bien. Y es que la sede del Instituto Cervantes en Utrcht no ha sido embargada por las autoridades judiciales holandesas, sino por el bailiff del fondo de litigios Blasket (que ha comprado laudos contra España), en un procedimiento ex parte en el que nuestro país no había tenido oportunidad de efectuar alegaciones.