• Pero sólo cuenta lo gastado en capitalización.
  • Omite los avales y los apoyos contingentes (recompra de activos a precios mínimos y EPA), las pérdidas de los preferentistas en los canjes impuestos por el FROB y los resultados de la SAREB.
  • Y eso sin hablar del coste encubierto que supone el encarecimiento de la prima de riesgo y el ingente volumen de deuda pública en circulación.
  • Al final, el salvamento bancario le costará más de 100.000 millones de euros a los contribuyentes. Eso si todo va según lo previsto.
  • Restoy admite que las entidades muestran una capacidad de absorción de "pérdidas esperadas incluso en escenarios bastante adversos".
  • Traducción: si las pérdidas superan a las esperadas, las cosas podrían no ser como nos gustaría que fueran.
  • El presidente del FROB reconoce que no existió rigor contable durante la crisis.
  • Y admite por primera vez que no se devolverán todas las ayudas públicas otorgadas a NCG Banco.

Este miércoles cuatro de diciembre compareció el presidente de la Comisión Rectora del FROB, Fernando Restoy (en la imagen), ante la Comisión de Economía y Competitividad del Senado. Se despachó con quince páginas de ese pensamiento económico autosatisfecho de nuestras autoridades, que nunca son responsables de nada, porque los fallos son de un mercado, el financiero, que insisten que es libre a pesar de ser el más regulado, supervisado y apoyado financieramente pero al que falta, según esas mismas autoridades, aún más regulación y supervisión. Dicho de otro modo, lo que falla es porque no está suficientemente controlado o eso es, al menos, lo que piensan las autoridades.

Nada relevante en la comparecencia: una descripción de la actuación del FROB en sus cuatro años y medio de existencia, salvo algún dato relevante. Las ayudas han ascendido a 61.366 millones de euros en forma de financiación directa, vía capital o deuda, a las entidades. No se cuantifica, sólo se cita, el otorgamiento de avales y apoyos contingentes (recompras de activos a precios mínimos a las entidades, si hiciera falta a través de los famosos Esquemas de Protección de Activos (EPA).

Tampoco se cuantifican las pérdidas que se ha obligado a asumir a los tenedores de instrumentos híbridos (deuda subordinada y preferentes) en los canjes que el FROB les ha impuesto por nuevos títulos, ni de los resultados de la SAREB, que ha adquirido a las entidades, porque era el mejor comprador, 50.781 millones de euros en inmuebles y créditos dañados. La SAREB no se considera sector público por un artificio que ningún auditor admitiría (porque el Estado controla la SAREB aunque no tenga la mayoría del capital) y, por tanto, sus ayudas no se consideran públicas.

Al margen de estos tres grandes apoyos (financiación directa, canje de híbridos y compra de activos) está el coste encubierto en el que siempre hemos insistido en Hispanidad: ¿A cuánto asciende el encarecimiento de la prima de riesgo y por cuánto tiempo del ingente volumen de deuda pública en circulación

Al final, tal y como hemos contado en estas mismas pantallas, el salvamento bancario le va salir muy caro a los contribuyentes. Va a superar con creces los 100.000 millones de euros. Eso si todo va según lo previsto.

Sin embargo, la autosatisfacción comienza a ser menos evidente que en etapas anteriores. Es posible que hayan aprendido la lección de estos últimos años y se reconocen algunos problemas: la fragmentación del mercado financiero europeo, algo que se pretendió solucionar con la adopción del euro y de una regulación financiera común; el más que posible crecimiento de la tasa de morosidad en los próximos meses y, lo que es más relevante, que las entidades muestran una capacidad de absorción de "pérdidas esperadas incluso en escenarios bastante adversos", que es tanto cómo reconocer, con ese lenguaje técnico que permite eludir los errores, que si las pérdidas superan a las esperadas, las cosas podrían no ser como nos gustaría que fueran. El error, como siempre, está en la supuesta omnisciencia del Estado como planificador económico.

Por otra parte, sobre la nacionalizada Novagalicia Banco (NCG), Restoy admite, por primera vez, que "no se prevé la devolución completa de las ayudas recibidas". Ya lo sabíamos. Al menos lo ha reconocido.

Para acabar, una cita triste. Restoy afirma que las entidades "deben emplearse en el mantenimiento del rigor en el reflejo contable de la evolución de la calidad de los activos". Vamos: el reconocimiento de que ese rigor, el contable, no existió durante la crisis. La pregunta es: ¿Las cuentas estaban falseadas o ¿es que el nuevo paradigma contable, el de la normativa internacional adoptada en 2005, no permite ese rigor Piénselo bien, señor Restoy, no es una pregunta de profesor de contabilidad.  Es una depuración, al menos moral, de responsabilidades: auditores o autoridades. O los dos.


Rubén Manso Olivar

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