El gobierno francés ha modificado la normativa, tras el escándalo que se ha armado en el país galo por la indemnización de 38 millones de euros que cobró Daniel Bernard cuando abandonó la presidencia de Carrefour. A partir de ahora, los accionistas de una compañía tendrán que aprobar los blindajes e indemnizaciones de los directivos.
En España esto ha causado honda preocupación, dado que la Audiencia Nacional acaba de dar el visto bueno, con todos los predicamentos y el apoyo de la Fiscalía, a las indemnizaciones del expresidente del SCH, José María Amusátegui, por valor de 44 millones de euros más dos pensiones vitalicias, y al ex consejero delegado. Angel Corcóstegui, de tan sólo 110 millones de euros.
Estos galos cada día más anticuados.
