Un juzgado de lo civil ha condenado a Alberto Cortina y Alberto Alcocer a pagar 10,8 millones de euros a Constructora San Martín, su socio en el Caso Urbanor. Repasemos el caso. El Tribunal Supremo condena a los Albertos a pagar 24 millones de euros a sus socios, principalmente el valenciano Sentieri y Constructora San Martín por estafa en la venta de terrenos de Plaza de Castilla. Ahora bien, el Tribunal Constitucional no entra en el fondo y dictamina que el delito había prescrito. De este modo, los Albertos se apresuran a exigir que se les devuelva el dinero pagado. Julio San Martín decide explorar la vía civil y gana. En efecto, el tribunal viene a decir que sí ha habido delito: otra cosa es que los Albertos no entraran en la cárcel porque el TC asegura que el delito había prescrito.
Ahora viene la segunda parte: el arquitecto Pedro Sentieri va a seguir la vía abierta por su socio San Martín y también reclamará el resto del dinero, hasta los 24 millones de euros, un dinero que ya ido, ha vuelo y ahora vuelve a venir.
No sólo eso, como efecto colateral del caso Urbanor, está el de la carta falsa, una presunta carta exculpatoria de los Albertos que presuntamente habría sido redactada por ellos mismos bajo el presunto asesoramiento del abogado Ramón Hermosilla, que se sienta en el banquillo en calidad de acusado.
