No es sencillo calcular la economía sumergida de un país, precisamente porque está sumergida. Pero los técnicos de gestión y subinspectores de Hacienda, agrupados en GESTHA, lo han hecho. A fin de cuentas, constituyen uno de los colectivos más indicados para realizarlo. Pues bien, según han comunicado a Hispanidad, en GESTHA concluyen, y en cálculo sesgado a la baja, que la sumergida constituye el 23,6% del total de la economía española.
Recuerden que distintos servicios de Estudios (por ejemplo, el IEE), cifraban, y muy escandalizados, que nuestra economía gris no alcanzaba pero alcanzaría el 20%.
El porcentaje al que aluden los subinspectores explicaría por qué razón la actual crisis, que nos ha aproximado a los cinco millones de parados y que oficialmente ha superado el 20% de tasa de paro, no ha terminado en estallido social. Desde luego, no es lo que ha propiciado la huelga general decretada por los sindicatos CCOO y UGT.
Los técnicos de Hacienda consideran que el Gobierno Zapatero nunca ha querido luchar contra el fraude. Sus hermanos mayores, los inspectores, aseguran que el Ejecutivo nunca ha querido utilizar el secreto bancario inexistente en España- para luchar contra las fortunas que esconden su patrimonio en paraísos fiscales pero lo disfrutan en España. Los subinspectores, por su parte, aseguran que los objetivos de afloramiento de dinero negro, o gris si lo prefieren, los decreta el Ejecutivo, no el Parlamento, por lo que siempre se cumplen: como que son objetivos poco ambiciosos. Dos datos: en 2009 el objetivo de afloramiento de la Agencia Tributaria era de 8.200 millones, Para 2010, en plena lucha contra el déficit público, el objetivo se redujo a 6.115 millones de euros.
Por si fuera poco, los subinspectores y eso que han subido el límite recientemente- sólo pueden investigar empresas de hasta 5,7 millones de euros de facturación, cuando ellos han reclamado llegar hasta los 12 millones de euros. Conclusión: el extorsionado por Hacienda es el asalariado, precisamente el que menos puede defraudar, el que está más retratado en su nómina.
Los subinspectores también hablan de total descoordinación entre las instituciones recaudadoras, especialmente con las autonomías y los ayuntamientos. No existe intercambio de información por ejemplo, con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que otorgaría una eficiencia invaluable en la lucha contra el fraude. Al final, los subinspectores concluyen que Sería injusto calificar a España como un paraíso fiscal pero desde luego es un balneario fiscal.
Al final, las cifras cantan, mientras la crisis ha llevado a una caída del PIB del 4%, la recaudación se ha derrumbado por encima del 20%.
En el Reino Unido, el nuevo premier, David Cameron, se ha encontrado con un problema similar. Bueno, la patología es más leve, ya que estamos hablando de una economía sumergida del 13%. Sin embargo, sus primeras medidas han consistido en perseguir el fraude fiscal, incluso premiando a quien denuncie a un defraudador. Esto de premiar al delator no resulta muy caballeroso pero qué le vamos a hacer. O se recauda lo que hay que recaudar o hay que hacer algo peor: subir los impuestos.
Andrés Velázquez
andrés@hispanidad.com
