El Estatuto catalán se encuentra en vía muerta. A ninguno le interesa por distintos motivos políticos, todos saben que no saldrá, pero ninguno desea cargar con el muerto. Esta es la razón de que todavía se sigan produciendo guiños de esperanza. Maragall, por ejemplo, ha remitido una carta a todos sus militantes instándoles a reabrir el debate en sus entornos. Pero en el fondo sabe que CiU le cerrará el paso y que en el peor de los escenarios, serán sus compañeros de partido quienes no lo aprobarán en Madrid.
Don Pascual quiere quitarse el peso de encima cuanto antes y fija el 24 de fecha, festividad de la Merced como fecha tope. Tras el frenazo, vendrá el "plan B", porque Maragall necesita exhibir algo a sus electores si el proyecto fracasa. Sobre todo después de que Carod recordara que el pacto del Tinell suscrito por el tripartito preveía la convocatoria de elecciones anticipadas si el proyecto estatutario fracasara.
Y el "plan B" consiste en tratar de estirar de Madrid bien unas competencias, bien algunas infraestructuras, bien algo de capacidad financiera o línea de préstamo o saldo de deuda histórica. Alguna de estas fórmulas son las que ya se manejan para desgracia de Pedro Solbes, que observa en el terreno territorial una nueva amenaza al equilibrio presupuestario.
Esto es lo que se cuece en Cataluña. Y Zapatero no se ha quedado tranquilo. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha encargado al equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el ex director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, que elabore una metodología para el cálculo de las balanzas fiscales que resulte "no política".
Barea ha asumido el encargo con entusiasmo porque él siempre ha sido proclive a estos cálculos que en el anterior gobierno popular entendieron como herramienta política. El caso es que la herramienta básica que se utilizará para el cálculo del famoso déficit fiscal catalán serán los criterios de la contabilidad regional establecidos en la SEC. Los trabajos estarán terminados para finales de año y por tanto entrarán a formar parte del debate político a principios del próximo año.
Barea ya participó en la elaboración de la balanza fiscal madrileña. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, nunca utilizó estos datos como herramienta política para exigir mayores cuotas de financiación. Sin embargo, cabe discutir la utilidad de estos cálculos si tenemos en cuenta que sólo mide los flujos monetarios, pero no los económicos, tal y como ha recordado en numerosas ocasiones el ministro Solbes.
Además, son las personas las que pagan impuestos, no los territorios, como recuerda Bono. Y lo importante es que la presión fiscal y los servicios públicos sean iguales en toda España con independencia de la CCAA de residencia. A esto hay que añadir que jamás se ha planteado la necesidad de realizar una balanza fiscal de Gerona en relación a Cataluña, por ejemplo. Una buena muestra de que las balanzas fiscales en el fondo esconden un espíritu nacionalista disgregador.
En todo caso, Zapatero sabe que el debate sobre el déficit fiscal será inevitable y prefiere contar con unas cifras que les resulten científicamente indiscutibles y políticamente favorables. Hombre previsor vale por dos.
