El BOE de hoy lunes, 7 de marzo, publica el acuerdo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
El Código es una especie de decálogo laico en el que anima a los altos funcionarios a un comportamiento ético, austero y basado en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la pluralidad lingüística y al medio ambiente. O sea, centro-reformismo progresista o progresismo centro-reformista, con toques de socialismo.
En el capítulo de "principios de conducta", se comienza con el primero : "El desempeño de los altos cargos exige la plena dedicación". Eso sí, compatible con la de cargo de responsabilidad en los partidos. Pero no compatible con otras actividades. ¿Y qué pasa con el doblete de Peces-Barba en el Alto Comisionado para las Víctimas y el Rectorado de la Carlos III?, le preguntamos al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el día de la presentación. No sabe, no contesta. "Bueno, es un caso excepcional, su cargo como Alto Comisionado no es remunerado y, además, el Rectorado depende de la Comunidad Autónoma, no del Estado", explicó. Aceptamos pulpo como animal de compañía.
La situación de Peces-Barba se ha hecho insostenible desde que la AVT pidiera directamente su dimisión. La distancia abierta con las víctimas le hace inhábil e inútil para el desempeño de su cargo. Incluso un "obstáculo", en palabras del diputado popular Gustavo de Arístegui. Y por si fuera poco, comienzan a aparecer novios y novias para el puesto del Rectorado de la Universidad Carlos III, esa universidad del Sur, hecho a su imagen y semejanza.
