• La exministra de Fomento ha defendido la legalidad de las ayudas investigadas porque el sistema "es una transposición de normas españolas" y porque "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.
  • La segunda fase de la operación Heracles se ha saldado, de momento, con nueve detenidos, 45 imputaciones y nueve registros.
  • Entre los detenidos este martes, un dirigente sindical de UGT y otro de CCOO.
La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en la Junta de Andalucía, ha imputados presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez (en la imagen).

Según han explicado a los medios los abogados personados en la causa, Álvarez ha defendido ante la instructora la legalidad de las ayudas investigadas. La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y la ex ministra de Zapatero le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que "es una transposición de normas españolas" y que "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.

Recordemos que en el auto del pasado mes de junio donde la juez la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

Por otra parte, este martes se ha desarrollado la segunda fase de la operación 'Heracles' por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya. A resultas de la operación -que continúa abierta cuando se escriben estas líneas- se han producido nueve detenciones, 45 imputaciones y nueve registros.

Según El Mundo, dos de los detenidos son dirigentes sindicales: Salvador Mera, actualmente secretario general de la UGT en la provincia de Cádiz; y el ex dirigente de CCOO Roberto Carmona. Además, el ex gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en la provincia de Sevilla y ahora director de Empleo en la Diputación provincial, Enrique Rodríguez Contreras, y el empresario José María Sayago, ex concejal del PSOE en el municipio sevillano de El Pedroso.

La Guardia Civil también ha registrado el domicilio del ex dirigente de CCOO Juan Antonio Florido, que ha criticado la medida. "No entiendo el registro porque ni siquiera tengo comunicación oficial ni constancia ni he recibido notificación de mi imputación en el caso ERE", ha explicado.

En la primera fase de esta operación fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel. La causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares acumula ya 116 imputados.

Andrés Velázquez
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