Sr. Director:
Cuando el Gobierno anuncia que se propone reformar la ley de libertad religiosa, surge de inmediato una sospecha: ¿se trata de que haya más o menos libertad?
La pregunta es pertinente porque esa libertad, una de las que mejor define a los sistemas democráticos, está ya regulada en una ley orgánica del año 1980 que requirió un amplio consenso. Pero ahora dice el Gobierno que es necesario adecuarla para avanzar en la "condición de laicidad" que la Constitución otorga al Estado. Ahí se esconde la falacia del Gobierno, porque la Constitución dejó ya bien claro, en 1978, que el Estado español es aconfesional, que valora positivamente la contribución de las confesiones religiosas al bien común y que postula una especial colaboración de los poderes públicos con la Iglesia Católica.
En efecto, no es lo mismo la laicidad sana que también propugna la Iglesia y que significa neutralidad del Estado ante las confesiones religiosas, que el "laicismo" beligerante con estas creencias para impedir su expresión en la vida pública. La mejor pista de cuales son sus intenciones nos la ofrece el propio Gobierno, que también anunció su intención de regular la libertad de conciencia, acaso para impedir a los creyentes que puedan objetar cualquier ocurrencia legislativa, como ya ocurre ante la obligatoria asignatura "Educación para la Ciudadanía".
Se anuncia una legislatura de infarto para las libertades cívicas, todo un aviso a una oposición que parece haber perdido sus mejores referencias ideológicas.
Suso do Madrid
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