Consejo de ministros del martes 28 de octubre. Lo de hoy ha sido 'demasié': Félix Bolaños ha batido todos los récord. ¿Récord de qué? De cara dura. 

Comienza la portavoz, Pilar Alegría: mi recuerdo a las 237 víctimas mortales en la DANA valenciana. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha estado al lado de las víctimas. Transferidos ya 8.000 millones de euros. De cada 100 euros, 85 proceden del Gobierno de España, el porcentaje no es muy elevado.

Diana Morant llegará a más: dirá que estamos hoy mejor que en la pandemia y, en la isla de La Palma, mejor que tras la erupción volcánica. Sólo en Valencia están mal, porque, ni los esfuerzos del Gobierno han conseguido superar la perfidia del malvado Mazón. Y eso que Diana 'la marciana' no le gusta hacer política desde la mesa del Consejo de Ministros. 

Y entramos en la Ley de Reforma del Enjuiciamiento Criminal, producto estrella del consejo de Ministros. Bolaños entra en trance: 143 años después el Gobierno de España tramita la Ley de Enjuiciamiento criminal de la democracia: en este tiempo ha habido 12 papas -dede San Pedro no te digo cuántos- y 106 ministros de Justicia. Esto es importante.

Resumamos el proyecto de ley, que no le gusta, vaya por delante, ni a su socio de Gobierno, a Sumar. 

Lo más importante. Se reduce -Bolaños habla de modulación- a mínimos la acusación popular, un procedimiento importante en la historia jurídica española. Según Bolaños, sólo sirve para que organizaciones ultras "bien financiadas", ataquen a persona honradas y progresistas. Mismamente, a la mujer del presidente, al hermano del presidente o al segundo del secretario general del PSOE. Pues bien, a los ultras no se les permitirá acudir a los tribunales.  

Ultras, no, ya vale. Oiga, ¿y quién va decidir que persona, u organización, son ultras y cuáles no lo son? ¿El Gobierno? Me temo que sí. 

La modulación, como asegura Bolaños, es decir, ¿la anulación, muerte y entierro, de la acusación popular dará carpetazo al caso Begoña Gomez? Por supuesto que sí. No es más que una norma en defensa del Gobierno.

Una ley, una más, en beneficio de la corrupción política. Me explico: se exige al acusador popular, que muestre un vínculo legítimo con el motivo de su querella. Pues cuando se trata de corrupción, todo contribuyente tiene una relación directa con una querella por corrupción; porque resulta que lo que están robando es su dinero.

Otras barbaridades del proyecto de nueva ley de Enjuiciamiento criminal. El fiscal será quien lleve la investigación, pero marcado por tres jueces que deberán dar el visto bueno final: ¿Introducir tres jueces en la instrucción o investigación no provocará una instrucción, una justicia, aún más lenta, que es el gran problema de la Adminitración de justicia española?

En plata, se reforma la ley de Enjuiciamiento Criminal para cerrar el escándalo Begoña Gómez... y para forjar la impunidad del Sanchismo. El gobierno no sólo no será condenable: es que no será ni imputable.