Sr. Director:
La conducta política de la ministra Irene Montero es errática e incoherente. Eso es lo que sus comparecencias hasta ahora han arrojado y lo que su paso por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados dejó en claro.
El caso de prostitución de menores tutelados por el Gobierno de las Islas Baleares debe ser investigado por la Fiscalía. Eso lo saben todos los responsables políticos, pero la tarea de fiscalización y control político de los cargos electos corresponde a los órganos representativos. A Montero habrá que recordarle que investigar un asunto como la explotación sexual de menores a cargo de una institución pública no significa exponer o atentar contra la privacidad de los menores. En realidad lo que se le podría reprochar a la Ministra es que por impedir la investigación se esté cayendo en el ocultamiento consciente de un delito gravísimo que debe ser aclarado, caiga quien caiga.
