La batalla por el cierre de la central nuclear de Garoña continúa, y por ahora la clausura de este centro parece más próxima después de que la Audiencia Nacional haya confirmado la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que autoriza la operación de Santa María de Garoña hasta el 6 de julio de 2013.
Lo que está claro es que Iberdrola y Endesa van a exigir al Gobierno una indemnización cercana a los 1.000 millones de euros en caso de que finalmente se cierre. Lo que hace más complejo este caso es que la clausura de esta central está motivada por cuestiones meramente ideológicas, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear dio en un momento el visto bueno para que la vida de la nuclear pudiera ampliarse, pero fue el Gobierno el que decidió su cierre sin aceptar razones técnicas. Antes de llegar a esa situación ambas empresas habían realizado obras millonarias en la central nuclear a las que el Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno, lo que permitía ampliar la vida de la central. El proyecto duró tres años.
Sin embargo, ha sido una decisión política la que ha llevado a cerrar una central que según el Foro Nuclear, "es un referente industrial y de generación de empleo en su entorno y la operación segura y fiable de la instalación ha sido siempre una prioridad". Por ese motivo, en caso de que no se pueda recurrir la sentencia ante un órgano superior, Iberdrola y Endesa van a solicitar una indemnización que ronda los 1.000 millones de euros, unos 600 derivados de los perjuicios económicos y otros 400 por el inmovilizado de la central.
Parece claro que mientras sean los elementos ideológicos los que determinen la dirección que debe emprender un país en una materia tan importante como es la planificación eléctrica, las cosas no funcionarán bien.
Juan María Piñero
juanmaria@hispanidad.com
