Por su parte, en la Educación Ético-Cívica de 4º de la ESO, "sólo se cita la Constitución en un criterio de evaluación". "EpC ignora a veces los valores y principios constitucionales fundamentales y otras veces recoge algunos conceptos que no están en la Carta Magna", señala el presidente de PPE, Jaime Urcelay.
Por ejemplo, la asignatura no analiza que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1). Tampoco hace referencia a la Monarquía parlamentaria que según el art. 1.3 es la "forma política" del Estado español. Y aunque habla sobre la ciudadanía, no menciona la unidad indisoluble de la nación española ni la garantía entre regiones. "El castellano como lengua oficial del Estado (art. 3) o el diseño de la bandera y la obligación de exhibirla en edificios públicos es ignorado en todos los cursos de Educación para la Ciudadanía", añade Urcelay.
Además, Profesionales por la Ética señala los siguientes déficits de formación constitucional en la asignatura: Educación para la Ciudadanía no incluye en sus contenidos los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en el capítulo segundo de la CE, como la igualdad entre todos los españoles, el derecho a la vida y a la integridad física o moral, a la libertad y a la seguridad, entre otros. Por el contrario, Educación para la Ciudadanía se refiere vagamente a "los derechos humanos como conquistas históricas inacabadas" (3º ESO) o "los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana, evolución e interpretación de los Derechos Humanos" (4º ESO).
Igualmente, la asignatura Educación para la Ciudadanía hace referencia "al papel de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales de paz" pero silencia el papel de garante de la unidad de España que otorga el artículo 8 de la CE al Ejército.
La asignatura Educación para la Ciudadanía se refiere al pluralismo religioso, pero no menciona la "libertad religiosa" (art. 16 CE) ni "el deber de los poderes públicos de cooperar con las confesiones religiosas, en especial con la Iglesia Católica" (art. 16.3 CE). Educación para la Ciudadanía de 3º de la ESO se refiere a "la familia en el marco de la Constitución Española" pero proporciona como único criterio de evaluación sobre este punto "la participación y la práctica del diálogo para superar los conflictos en las relaciones familiares". La Constitución, sin embargo, afirma (artículo 39.1) que "los poderes públicos aseguran la protección social, jurídica y económica de la familia".
Educación para la Ciudadanía, curiosamente, menciona temas como "Un mundo desigual: riqueza y pobreza, feminización de la pobreza, globalización" (3º ESO) y "los derechos económicos" (4º ESO) pero en ningún curso hace referencia a los artículos de carácter social y económico que se recogen en el capítulo tercero de la CE. Entre estos últimos derechos cabe destacar la libertad de sindicación, el derecho a la huelga, a la propiedad privada, a la libertad de empresa o el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
La conclusión es obvia. Según Urcelay, los supuestos valores constitucionales de EpC "han sido empleados como pretexto" por parte del Gobierno para imponer valores y principios que nada tiene que ver con la Constitución Española. Más bien, apunta Urcelay, "abundan temas de educación moral y emocional" como los siguientes:
La condición humana en su dimensión personal y social. Desarrollar y expresar sentimientos y emociones. Rechazo de discriminaciones por diversos motivos, como la orientación afectivo-sexual. Conocer la relación entre los conflictos armados y el subdesarollo. Reconocerse miembros de la ciudadanía global. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual. Prejuicios homófobos. Dilemas ético-cívicos, considerado las posiciones y alternativas existentes. Los interrogantes del ser humano. Rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas: las normas, la jerarquía de valores, las costumbres. Pluralismo político y moral. Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional.
Unos valores que nada tienen que ver con los constitucionales y que precisamente fueron los que provocaron el informe negativo del Consejo de Estado. En el Anexo II de su dictamen (2521/2006) se advierte que "no podía formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional". El cóctel es explosivo. Porque además de dar formación en materia moral, los alumnos serán examinados por su comportamiento en función de esos valores. Unos valores que, insistimos, no son constitucionales. El Gobierno dice en el decreto que pretende "ayudar a los alumnos en la conciencia moral". Se les olvidó mencionar que se trataba de ‘su' moral.
