En el Gobierno, siempre hay alguien dispuesto a sorprendernos y esta vez le ha tocado el turno al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este se ha lanzado a ponérselo fácil a las empresas de juego online, y con ello a la ludopatía, queriendo convertir Ceuta y Melilla en casinos… ¡Lo qué nos faltaba!

Las dos plazas españolas en África quieren albergar a dichas compañías y que den empleo. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha negado que las nuevas ventajas fiscales permitan equiparar dichos enclaves con paraísos fiscales, pues en su opinión, sólo supone “adaptar” su Régimen Económico y Fiscal (REF) especial a “nuevos yacimientos de actividad”. Y no es “nada negativo” porque dicho REF “es transparente y está integrado en el marco fiscal de España y armonizado con el de la Unión Europea”, ha añadido. ¡Vaya tela!

Parece que Montoro quiere competir con Gibraltar: como no puede recuperarla de las manos de Reino Unido ni con Brexit de por medio, lo mejor es tutearla con el juego online. Por ello, les ofrece una bonificación del 50% en el Impuesto de Sociedades y gravarles con un tipo del 10% sobre los ingresos netos (en vez del único tipo del 20% que se va a aplicar en el resto de España, donde hasta ahora se aplicaba uno a los ingresos brutos y otro a los netos). Eso sí, sólo para las empresas que se asienten completamente en Ceuta y Melilla (trabajadores, etc.) y no sólo fijen allí su domicilio social, según fuentes de Hacienda. Pero lo hace obviando que el juego online es la ludopatía del siglo XXI, como recoge un artículo escrito por psicólogos en la web Hacer familia: es un mundo cada vez más atractivo para los jóvenenes, con mayor potencial adictivo y facilidad para poder jugar a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. 

¿Quiénes sacan tajada? Cirsa, Codere, William Hill, Bwin, Pokerstars, 888 sport, Betmotion y Bet365, entre otras

Miguel Mazón, investigador del área económica de la Unidad de Juego y Adicciones Tecnológicas de la Universidad de Valencia, ha criticado que Montoro, en pleno déficit fiscal (ojo, porque Bruselas no se fía y ha advertido que incumpliremos el objetivo este año, llegando al 2,6% del PIB), no tenga reparos en “bajar impuestos a actividades que no generan ningún tipo de empleo y son la principal causa de ludopatía en nuestros jóvenes”. Claro que el ministro prefiere ‘premiar’ el hecho de que devuelvan en premios cerca del 95% del dinero apostado, lo que explica que a pesar de que movieron casi 13.000 millones de euros en España el año pasado, sólo recaudaron 52,7 millones.

Y ¿quiénes podrían beneficiarse de este buen trato fiscal de Montoro? Por ejemplo, las españolas Cirsa, que acaba de ser comprada por el fondo de inversión Blackstone, y Codere, que también tiene a Blackstone en su accionariado. Pero también muchas extranjeras, entre ellas: William Hill, especializada en apuestas deportivas y casino, con sede en Reino Unido y que cotiza en bolsa; Bwin (apuestas deportivas, casino y póker), ubicada en Austria y Gibraltar; Pokerstars, líder mundial de póker online, con sede en la isla de Man; 888 sport, centrada en apuestas online desde Gibraltar; Betmotion (casino, apuestas deportivas, póker y bingo), con sede en Curazao; y Bet365, una de las líderes mundiales del juego online (apuestas deportivas, casino, póker y tragaperras) que opera desde Reino Unido.

Muchas tienen su sede en paraísos fiscales, como Curazao o la isla de Man, o aprovechan la fiscalidad ventajosa de Gibraltar o Reino Unido

Ojo, porque muchas de estas empresas tienen sus sedes en paraísos fiscales, como Curazao o la isla de Man. Mientras, otras aprovechan la fiscalidad ventajosa de Gibraltar o Reino Unido (tipo del 15% sobre los ingresos para el juego online).

Paralelamente, Montoro quiere apretar las tuercas a Google y compañía, avalado por la Unión Europea, con un nuevo impuesto que grave a las grandes tecnológicas en función de sus ingresos. Por ahora, se sabe poco: sólo que se analizará en el Pacto de Toledo y que podrían recaudar unos 600 millones de euros adicionales, según recoge el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. La Comisión Europea propone que las tecnológicas que facturen más de 750 millones (de los cuales más de 50 millones correspondan al viejo continente) paguen un 3% sobre sus ingresos, pero deja margen para que los países elijan entre el 1% y el 7%.