(Exclusivas de la prensa de papel 04/09/2020) El PP plantea que Jaime Caruana o Pedro Solbes dirijan la Agencia para la Recuperación

En la propuesta, a la que ha accedido EL MUNDO, se detalla «que la Agencia la presida un profesional independiente sin adscripción partidista y de reconocido prestigio nacional e internacional». ¿En quién está pensando el PP al escribir eso? Según confirman fuentes de Génova, los dos principales nombres que «plantea» la dirección nacional del PP al Gobierno son los de Jaime Caruana y Pedro Solbes. El primero es el favorito de Casado, pero las fuentes populares aseguran que «la decisión le correspondería a Sánchez», que Solbes sería un «perfil de consenso» igualmente, y que lo importante es «avanzar» sobre la base del documento que han preparado, e ir cediendo ambos, tanto el PP como el Gobierno. (El Mundo)

La Comisión Europa ofreció el acceso a cerca de 10 millones de mascarillas. En mayo, países como Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Croacia, Grecia y también Reino Unido –aunque no es estado miembro– solicitaron recibir mascarillas para sus profesionales sanitarios. España no lo hizo y no accedió a ellas hasta que la segunda curva ya amenazaba el país. Así lo corrobora la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en una carta a la que ha tenido acceso este diario. «Se invitó a todos los estados miembros de la UE y al Reino Unido a manifestar su interés por recibir este producto sanitario adquirido en el marco del sistema de compra centralizada. España no manifestó inicialmente su interés», señala la comisaria europea en una respuesta a las preguntas formuladas por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas. La formación naranja quiso constatar que el Gobierno no accedió a esa compra y cuando rectificó su decisión. (El Mundo)

Más de 15.000 funcionarios de Instituciones Penitenciarias se verán beneficiados si llega a prosperar una Proposición no de Ley registrada ayer por la portavoz Cuca Gamarra que pretende reconocer a estos trabajadores públicos carácter de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. En su exposición de motivos, el texto de esta PNL, al que ha tenido acceso este diario, explica que solo en 2019 el Ministerio del Interior ha registrado 239 ataques a funcionarios de prisiones, «por lo que resulta imprescindible establecer iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones que sufren los citados funcionarios en su interacción con los internos en el desempeño de su puesto de trabajo». (La Razón)

Los Mossos d’Esquadra concluyen que existen evidencias de corrupción en el caso Barçagate tras analizar las acusaciones contra la directiva de Josep Maria Bartomeu reflejadas en los medios de comunicación o en las denuncias presentadas por terceros.La policía de la Generalitat dio traslado de ello al Juzgado de Instrucción número 13, de Barcelona, en plena pandemia, el 20 de mayo, mediante un oficio que incluía una propuesta de investigación. (El Mundo)

Cuando la juez argentina María Servini acapara titulares por el interrogario al ex ministro Rodolfo Martín Villa, acusado de crímenes contra la Humanidad al otro lado del oceáno Atlántico, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dado alas a sus investigaciones en medio de férreas críticas de un sector cualificado de la Fiscalía. El pasado 4 de agosto, Delgado emitió una nota donde dejaba sin efecto una orden dada por su antecesora en el cargo, la fiscal de Sala Consuelo Madrigal, de 30 de septiembre de 2016, para que se denegaran la cumplimentación de las comisiones rogatorias solicitadas por Servini. La juez argentina, por aquel entonces, se había dirigido a varios juzgados españoles para reclamarles información sobre los crímenes del franquismo. (El Mundo)

Formada por unas 200 empresas, la Cámara Oficial de Comercio de España en China ha estallado por la denuncia de la junta local de Pekín contra el uso de sellos presuntamente falsos en la oficina de Shanghái. Según el artículo 13 de la normativa del Buró de Seguridad en China, «las asociaciones sociales solamente pueden solicitar un único sello que se corresponda con el nombre legalmente registrado en dicha unidad». Dicho sello es el que se utiliza ante todos los organismos oficiales de China y, por ley, debe estar custodiado en la sede central de la Cámara, que se halla en Pekín. (ABC)

El Pacto de Toledo, que debe conseguir un acuerdo exprés de la reforma del sistema de pensiones si se pretende incluir en los próximos Presupuestos Generales, ha retomado las negociaciones tras el impás estival y lo ha hecho a puerta cerrada y con el mayor de los secretismos. Ni tan siquiera han trascendido las dos primeras comparecencias, la del miércoles de gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la de ayer de la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. Pero fuentes de la negociación informaron a LA RAZÓN de que, sin aportar medidas revolucionarias, ambos mantuvieron el guión que han defendido hasta ahora: elevar la edad de jubilación, ampliar el cálculo del importe de la pensión a más años, compensar la tasa de dependencia, equilibrar la tasa de reposición o reordenar los planes de pensiones privados. (La Razón)

El Gobierno espera que este mes se apruebe la entrega la ayuda europea para afrontar el pago de las prestaciones. Calviño admite por primera vez que no descarta acudir al MEDE. (La Razón)

España es el país de la UE donde el turismo más contribuye a la economía. Representa un 12,3% del PIB, según el INE. De este sector, además, depende el 12,7% del empleo. Y sin embargo, de entre nuestros principales mercados competidores, el que menos ayudas específicas ha recibido ha sido el español. Francia anunció un plan de 15.000 millones para ayudar a su turismo. Esta cifra representa el 5% de la riqueza nacional, frente a las ayudas específicas para el sector de 4.200 millones anunciadas en junio por el Gobierno, que suponen el 1,7% de la nuestra. En Francia el turismo también es determinante para la economía (es el 7,5% del PIB), pero su dependencia es mucho menor que la de España. De hecho, los 4.200 millones de ayudas del Gobierno español cubren sólo el 4,2% de las pérdidas que estima el sector para este año, que ya ascienden a 99.000 millones, según los cálculos de Exceltur. (El Mundo)

Sin tiempo para deshacer su equipaje después de las vacaciones, los equipos de finanzas y de emisiones de deuda de BBVA han tenido que preparar unas nuevas maletas virtuales para dar el salto a Estados Unidos y enfrentarse con los grandes fondos de renta fija que dominan el mundo de la inversión desde Wall Street. El banco ha convocado a las principales firmas para una reunión de dos días a la que ha querido dar la mayor trascendencia, según aseguran fuentes cercanas a la entidad, a pesar de que el Covid ha forzado a que la cita fuera telemática. Y para ganar pulso al otro lado del Atlántico, BBVA ha contado con Bank of America para ayudarle a organizar las reuniones telefónicas. (El Mundo)

Las fábricas de coches españolas aumentan sus previsiones de volumen de producción de aquí a final de año en 100.000 unidades. Así se podría cerrar este complicado año en el entorno de los 2,2 millones de vehículos fabricados, lo que supondría una caída del 21% respecto a los 2,82 millones de automóviles que salieron de las plantas de nuestro país en 2019. El motivo de esta mejora en las previsiones es que los vehículos hechos en España son los que actualmente quiere el cliente de los países europeos, a los que se exporta el 85% de la producción de las plantas españolas. Y eso a pesar de que las ventas cayeron en Europa un 20% en agosto. (Expansión)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencia que la legislación italiana que impide al grupo audiovisual francés Vivendi adquirir el 28% del italiano Mediaset es contraria al derecho europeo. El fallo es un varapalo para Mediaset, que trata de fusionar la matriz italiana con su filial española. (El Economista)

El Ministerio de Consumo va a prohibir los teléfonos 902, las líneas telefónicas que utilizan los servicios de atención al cliente de muchas empresas y que, en algunos casos, conllevan un coste adicional para el usuario. Y lo va a hacer a través de una nueva ley que regulará los servicios de atención al cliente. (El Periódico)