La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas de España (CGE) han reclamado “limpiar” la factura eléctrica de impuestos, en una sesión online sobre la formación del precio de la luz. Entre otros aspectos, consideran que se debe eliminar el impuesto sobre la generación de electricidad del 7% de forma definitiva o mantenerse al mínimo del 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad.

Como saben, estas son sólo algunas de las dos medidas tributarias que ha aprobado el Gobierno, por ahora, hasta el 31 de diciembre, a las que se sumaba la reducción del IVA del 21% al 10%. Unnas medidas que Fedea y CGE consideran que deberían mantenerse “al menos” en la primera mitad de 2022, ante la previsión de precios altos, aunque sus propuestas van más allá. Además, Diego Rodríguez, catedrático de la UCM, investigador de Fedea y experto en la regulación de la electricidad en España, ha señalado que no debería haber tipos del IVA diferenciados entre productos energéticos.

Una “limpieza” de la factura eléctrica que, entre otras actuaciones, consideran que podría contener la escalada de precios. Y es que “aunque las perspectivas de medio y largo plazo son de una reducción de los precios de la electricidad, el corto plazo va a seguir caracterizado por precios altos, especialmente hasta el segundo trimestre del próximo año”, ha referido Rodríguez. Una “situación común a todos los países europeos, pero agravada en países periféricos como España, con mayor peso del gas en el mix de generación y menor grado de interconexión”, ha añadido.

Escalada de precios de la luz: “una situación común a todos los países europeos, pero agravada en países periféricos como España, con mayor peso del gas en el mix de generación y menor grado de interconexión”

Respecto a la formación de los precios de la luz, Rodríguez ha señalado que se debe huir de soluciones poco meditadas, no dialogadas ni informadas por los organismos de control habituales. “El conjunto de herramientas disponibles está marcado por la Unión Europea, que ya ha indicado los efectos contraproducentes que pueden tener políticas poco reflexionadas de vuelta a un sistema de precios regulados mayoristas”. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha subrayado que “la experiencia reciente muestra que medidas improvisadas y poco pensadas pueden tener efectos negativos no esperados. Una actuación precipitada puede terminar distorsionando las señales de precios e incentivos que son básicas para estimular el cambio de modelo energético a medio y largo plazo”.

Tanto Fedea como CGE proponen modificar el sistema de retribución regulada que se aplica a ciertas renovables -las del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos)- para evitar que se acumule una sobrerretribución que después habrá que devolver y utilizar al máximo los ingresos de los derechos de emisión de CO2, que este año ascenderán a unos 2.000 millones de euros. Por su parte, Valentín Pich, presidente del CGE, ha referido que “sería necesario llevar a cabo una reforma de la fiscalidad medioambiental que tenga recorrido a largo plazo” con el objetivo de acelerar el proceso de descarbonización y repartir sus costes de forma más equitativo. Para ello, considera que “habría que empezar por acometer con un urgencia la reforma de la financiación autonómica”, pues en caso contrario, su desarrollo sería más farragoso y complejo.