Libertad Digital ha publicado una información según la cual el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha ratificado la investigación de Podemos como persona jurídica por indicios de delitos de financiación ilegal y delito electoral.

La investigación de Podemos ya fue acordada el pasado mes de julio tras la denuncia presentada por el elexabogado de la formación, José Manuel Calvente.

Según recoge Religión en Libertad, el juez Escalonilla afirma en un auto que "existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General LOREG infiriéndose en este estado del procedimiento indicios de que dicho contrato fue formalizado con Neurona Comunidad S.L, entidad constituida mediante escritura pública de fecha 19 de marzo de 2.019".

“Presumiblemente, a los solos efectos de suscribir dicho contrato, se trató de un contrato simulado, habiendo sido transferidos finalmente a través de dicha sociedad un total de 308.257,20 euros a la mercantil Creative Advice Interactive. En el extracto de la cuenta de dicha sociedad mercantil puede comprobarse que aparte de las comisiones cobradas por el administrador de dicha entidad, no constan gastos de personal, ni de medios materiales”, dice el juez, según recoge el mismo medio.

Consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva del delito electoral

"Consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva del delito electoral, tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales. Dichos hechos podrían ser igualmente constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos", destaca el magistrado.

"Nos encontramos en el inicio del procedimiento, de modo y manera que deberá ser objeto de investigación no sólo la realización o cumplimentación por parte de dicho partido político del programa de compliance (cumplimiento normativo), sino la existencia de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización de dicho partido", concluye el magistrado, según la información de Religión en Libertad.