El Gobierno ha aprobado -ninguna sorpresa- el real decreto para que paguen los bancos, no los clientes, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), con una carga añadida para las entidades financieras, que no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades, y una justificación del porqué de la continuidad de la tasa: la recaudación de 2.000 millones, que no es moco de pavo. Es la partida que engorda los recursos de las autonomías para financiar competencias transferidas como la sanidad o la educación.

Son las guías de la reforma legal del Ejecutivo, emprendida, qué cosas, con dos epítetos contrapuestos, “serenidad” y “urgencia”, en las explicaciones posteriores al Consejo de Ministros por la portavoz, Isabel Celaá, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Serenidad y urgencia, básicamente, para contestar a los dos días de deliberación del Tribunal Supremo, y marcarse un tanto -a ver cuánto dura- para mantener a Sánchez en su nuevo hogar de Moncloa.

La reforma modifica dos leyes, la del polémico impuesto y la del Impuesto sobre Sociedades

La reforma modifica dos leyes, la del polémico impuesto, que si lo es también se podría haber suprimido, y la del Impuesto sobre Sociedades, para establecer que los bancos no pueden deducirse el pago de un impuesto en el otro.

Montero ha explicado que el objetivo es dejar constancia de un stop para que los ciudadanos no paguen más ese impuesto tras “alarma social” creada por el cambio de criterio del Supremo, que ha lamentado, y ha obligado a actuar al poder ejecutivo.

El Gobierno confía en una imprecisa autoridad independiente de defensa del consumidor financiero para evitar «cláusulas abusivas» de los bancos

Para evitar que los bancos no repliquen por otras vías la medida -son los pagarán a partir de ahora, sin deducciones, los 2.000 millones que la tasa aporta a las arcas públicas-, ha dicho que el Ministerio de Economía ya trabaja en la creación, en pocas semanas, de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros.

Velará, en concreto, para que los bancos no activen “cláusulas abusivas”, aunque ha añadido que confía en que no ocurra la elevada competencia que hay en el mercado hipotecario.

Queda por saber con qué apoyos cuenta el Gobierno para la convalidación el decreto en el Congreso. Será el momento, según Montero, de que el PP resuelva la contradicción en la que se ha instalado con sus críticas a la reforma, al tiempo que dice defender el interés de los ciudadanos.