• Francisco José López cuenta a Hispanidad que "la multinacional se equivoca" con esta argucia que está usando el embotellador único español y además es ilegal.
  • El secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Madrid dice que Coca-Cola Iberian Partners quiere tener la planta madrileña lo más desmantelada posible antes de que salga la sentencia del Tribunal Supremo.
  • ¿Por qué? En el caso de ser negativa, CCIP aludiría que le resulta imposible recolocar allí a los empleados.
  • Sobre la carga policial del pasado jueves en Fuenlabrada: "la actitud policial fue desproporcionada y de poca profesionalidad". "Cifuentes tiene que justificar una actuación que no es justificable", añade.
  • Tras la manifestación del pasado 8 de enero, habrá más movilizaciones: además de la semanal de los empleados de Fuenlabrada entre Callao y Puerta del Sol, el día 23 se concentrarán ante la Torre de Cristal.

Nos encontramos a poco más de una semana de que se cumpla un año desde que el embotellador único de la 'marca de la felicidad', Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), decidiera anunciar su ERE con beneficios y el cierre de cuatro plantas en nuestro país. Un aniversario que no merece ninguna celebración, sino todo lo contrario, pues han sido 12 meses de largo conflicto que aún sigue sin llegar a su fin y la marca debería optar por cambiar de nombre a otro que se ajuste más a su realidad.

Como les contábamos la semana pasada en Hispanidad, CCIP no se baja del burro: deja sin sueldo a 291 empleados despedidos que se niegan a ser recolocados, aunque ahora la cifra de recolocaciones ha subido levemente de 60 a 76, por lo que sería 280 los que no tendrían sueldo. Y es que el embotellador único español sigue empeñado en que su ERE triunfe y "busca cualquier resquicio para no acatar lo que los tribunales le marcan",

Pues bien, este empeño se ha hecho más que patente esta semana, ya que los sindicatos denuncian el desmantelamiento de la planta de Fuenlabrada (Madrid), cuyo material podría ir destinado a otras, como las de Sevilla y Valencia para aumentar su producción. "Una argucia que la empresa está utilizando", según cuenta el secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Madrid, Francisco José López, a Hispanidad, para "tenerla lo más desmantelada posible" cuando salga la sentencia del Tribunal Supremo (TS) al recurso de casación que presentó ante la declaración del ERE nulo por parte de la Audiencia Nacional (AN). Así, en caso de que el TS fallara en su contra, el embotellador podría decir que le resulta imposible recolocar a los empleados en Fuenlabrada y se saldría con la suya manteniendo el cierre de esta planta.

Una treta que la empresa que preside Sol Daurella ya hizo el pasado mes de octubre y que repite ahora buscando la desindustrialización de la fábrica madrileña. Pero además es ilegal, pues la AN ordenó la ejecución provisional de su sentencia -readmisión trabajadores despedidos en sus mismos puestos de trabajo-, mientras el TS resuelve su recurso. "Lo lógico sería esperar a la sentencia del Supremo", ha subrayado López. "La multinacional se equivoca" con esta argucia, en su opinión, pues "el desmantelamiento de Fuenlabrada da más publicidad al conflicto, a los trabajadores y al boicot contra sus productos".

Sobre la carga policial que tuvo lugar el pasado jueves en los aledaños de la planta madrileña, López ha destacado que "la actitud policial fue desproporcionada y de poca profesionalidad". El secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Madrid estuvo presente cuando ocurrió y nos ha explicado que los trabajadores estaban a más de 150 metros de la entrada, pero todo empezó cuando cinco policías detuvieron a un compañero, provocándose un forcejeo y la posterior carga.

Así, ha desmentido lo publicado por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en su Twitter: La @policia se ha visto obligada a intervenir cuando un grupo d personas accedió al recinto tras romper la valla #ReivindicacionesPacíficas. "O a Cristina Cifuentes no la han contado lo que pasó o se lo han contado mal", ha afirmado López. "Tiene que justificar una actuación que no es justificable", ha añadido. Además ha destacado que es "el conflicto de orden laboral más ejemplar", pues en casi un año han tenido "multitud de manifestaciones sin incidentes, por lo que pretender trasladar a la opinión pública que los trabajadores ejercen la violencia por defender su puesto de trabajo es falso".

Tras la manifestación del pasado 8 de enero, CCOO tiene previstas más movilizaciones, además de la marcha semanal que hacen los empleados de Fuenlabrada entre Callao y la Puerta del Sol (en lo que queda de mes, los días 20 y 27 a las 19 horas). En concreto, el próximo día 23 a las 10:30 horas tienen prevista una concentración ante la Torre de Cristal, donde CCIP tiene su oficina en Madrid.

Paralelamente, el pasado lunes, el director general del embotellador y por tanto número dos de Daurella, Víctor Rufart, mandó una carta a los empleados, en la que afirma que quiere conseguir un acuerdo favorable. Pero Francisco José López ha matizado que Coca-Cola Iberian Partners sólo quiere que se acepten sus condiciones, las cuales "quieren imponer unilateralmente" y así "no hay forma de buscar soluciones alternativas". Rufart también metió el dedo en la llaga, al señalar que el ERE ha sido judicializado a instancias de una minoría, a lo que López responde que "ha sido judicializado por tres sindicatos -CCOO, UGT y CSI-F-. Una inmensa mayoría, ya que suponen más del 95% de la representación sindical de la empresa".

Cristina Martín

cristina@hispanidad.com