Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

Como recogió Hispanidad, Leire Díez mantuvo al menos tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil Mercedes González entre 2024 y 2025. El objetivo de Díez era instigar" a Mercedes González para que esta "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes que investigaban al entorno de Sánchez y al Gobierno, cosa que habría conseguido, pues se abrió una investigación interna contra la propia UCO, que se abrió entre el 9 y el 14 de mayo de 2025 con la excusa de esclarecer supuestas filtraciones. También se pretendía denunciar a la UCO ante la Fiscalía General del Estado y recopilar “datos e información personal y reservada” de los mandos. 

Además, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Ferraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo DAO, el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”. El pasado 26 de junio, el general Yuste ratificó ante el juez Pedraz su declaración. 

Pues bien: tras la petición de ayer del PP al juez Pedraz para que impute a la directora de la Guardia Civil Mercedes González por su "colaboración" con las "cloacas del PSOE", y al DAO Manuel Llamas por lo mismo, y pedirlo también la Fiscalía Anticorrupción, finalmente el magistrado ha acordado hoy la imputación de ambos, y les ha citado a declarar el próximo 16 de julio. 

A estas horas, sorprendentemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha negado a cesarlos, pese a haber sido imputados, porque mantiene su "confianza" en ambos. Y ella tampoco ha dimitido. Esto es España. 

También hoy, el juez Pedraz ha pedido al PSOE que identifique a la persona del partido que suscribió un contrato de asesoramiento jurídico con el letrado Jacobo Teijelo, que también está siendo investigado en el caso Leire Díez y que declaró la semana pasada ante el juez haber sido asesor jurídico del PSOE desde octubre de 2024 a junio de 2025. También pide al PSOE que le especifique el cargo que ostentaba y el título habilitante bajo el cual actuó. "Dicha diligencia deberá cumplimentarse a través de persona designada con poder de representación del citado partido político informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica", advierte el juez.

Por otra parte, según publica hoy Vozpopuli, Moncloa contempla que la UCO de la Guardia Civil pida al juez Pedraz imputar también a Antonio Hernando, quien se reunió con Leire Díez en Ferraz, en plena semana de reflexión de Sánchez, cuando era director adjunto del Gabinete de la Presidencia que dirigía Óscar López. 

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2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. Posteriormente, el juez Calama ofreció a la Agencia Tributaria personarse en el caso de las joyas, como perjudicada. 

Pues bien: según informa hoy ABC, la Agencia Tributaria lo va a hacer y se va a personar. Eso sí: antes este caso se ha cobrado la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, tras recibir presiones de Moncloa, que ha intentado disimular su dimisión argumentando que ya la había pedido meses antes, una versión que no se cree nadie... Incluso un alto cargo socialista destaca la contradicción que supone sacar la lista de morosos al fisco y no mover ni un dedo --hasta ahora--  contra Zapatero...

Por cierto que el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga opina que la justicia boliviana debe procesar a Zapatero por favorecer en ese país a la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de recibir 200.000 euros: «Y resulta que ahora este ratero estaba acá para robarle a los bolivianos y los chuquisaqueños. Se tiene que hacer justicia en ese tema», dijo Quiroga. 

Y es que lo común en el caso Zapatero es que este, presuntamente, actuaba como conseguidor, como comisionista, aprovechando sus contactos internacionales. El último caso, el que revela El Español: empresarios españoles vinculados a una trama internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en España recurrieron al "grupo de ZP" para invertir en negocios de minerales en Cuba. 

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3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.  El 20 de junio el juez Juan Carlos Peinado dictó un auto por el que decidía la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, le retiraba el pasaporte y confirmaba que será juzgada por un jurado popular.  Y el pasado miércoles 24 de junio, la esposa del presidente hacía entrega de su pasaporte al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.  

Ayer, Gómez pidió permiso al magistrado para ver a una cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Londres. La acusación popular unificada del "caso Begoña Gómez", que lidera Hazte Oír, se opone a ello porque existe un "fundado riesgo de fuga". Sin embargo, según La Razón, el juez está contemplando que se ausente cuatro días del país...  

Así que veremos qué decisión toma el juez Peinado, que en su día ya apreció riesgo de fuga y por eso le retiró el pasaporte. Aunque estas medidas fueron recurridas por la defensa de Gómez ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

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4.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro (y exnúmero 2 del PSOE) José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que  condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. 

Hoy El País entrevista a José Luis Ábalos, quien anunció recientemente que recurriría al Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de derechos fundamentales: "Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad por incurrir en vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada". Y, en la entrevista de hoy, añade: “Desearía no tener que recurrir al Tribunal Europeo por el bien de la credibilidad de nuestras instituciones”. 

Lo curioso es que en esta entrevista no alude en ningún momento a Pedro Sánchez, ni para bien, ni para mal...

Hoy OK Diario publica whatsapps inéditos entre Sánchez y su «desconocido» Ábalos: «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez»...