Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Como informó Hispanidad, el 20 de junio el juez Juan Carlos Peinado dictó un auto por el que decidía la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, le retiraba el pasaporte y confirmaba que será juzgada por un jurado popular. Y el pasado miércoles 24 de junio, la esposa del presidente hacía entrega de su pasaporte al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.
Hoy la novedad en este caso ha sido que Gómez le ha pedido permiso al magistrado para ver a una cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Londres.
Veremos qué decisión toma el juez Peinado, que en su día ya apreció riesgo de fuga y por eso le retiró el pasaporte. Aunque estas medidas fueron recurridas por la defensa de Gómez ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Por cierto que, según OK Diario, Sánchez se reunió con Barrabés en La Moncloa en pleno proceso de las adjudicaciones amañadas de 11 millones.
2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. Y en este caso, el mismo magistrado investiga también contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Pues bien: en relación a la SEPI, el juez Pedraz imputó ayer a su actual presidenta Belén Gualda y a otras 25 personas.
Y es que la fiscal sospecha que Belén Gualda “agilizó” el rescate de Tubos Reunidos tras una cita en Moncloa.
Recordemos que en la derivada de la SEPI del caso Leire Díez ya están siendo siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández (hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018) y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo.
Además, se da la circunstancia de que los tres presidentes de la SEPI en la etapa sanchista, es decir, el mencionado Vicente Fernández, Bartolomé Lora (imputado por un delito de prevaricación administrativa por el rescate de la aerolínea Air Europa) y la actual Belén Gualda, están imputados en causas judiciales.
Por todo ello, la portavoz parlamentaria del PP en Senado, Alicia García, ha anunciado hoy que volverán a llamar al expresidente Zapatero para que comparezca en la comisión del Senado que investiga las irregularidades de la SEPI, al acusarle de "faltar a la verdad en sede parlamentaria". "Lo hacemos sin complejos. Ya compareció en la comisión Koldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas". Además, el PP ha pedido la dimisión de Belén Gualda.
También en relación a este caso, se ha publicado que UCO, UDEF y jueces investigan ya un total de 760 millones repartidos por la SEPI, en cuatro operaciones bajo revisión y en instrucción en diferentes juzgados: Tubos Reunidos, Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera.
3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar también que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno y está citado a declarar el próximo 21 de julio ante el juez del caso.
En relación a este caso, los agentes de la UDEF de la Policía Nacional han trazado el rastro internacional de la trama Zapatero en 13 países, desde Bolivia, Perú y Venezuela hasta Dubai, pasando por Panamá y Suecia, informa El Debate.
Mientras que ayer, 29 de junio, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI y el rescate de Plus Ultra, el excomisario jefe del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actualmente jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, reconoció que "se tomaba cafés" con Julio Martínez en su despacho, cuando este pasaba por Barajas: "Cuando iba a Venezuela, se pasaba por el despacho, no tengo la sensación de haberle priorizado; no cometí ningún comportamiento inapropiado". Aseguró: "No me interesé por sus viajes con Zapatero". Y negó haber recibido dinero o compensación alguna de la trama investigada: "Ni 7.000, ni 70.000, ni 700 millones de euros, a mí nadie me ha dado dinero".
4.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro y exnúmero 2 del presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Y también Víctor de Aldama.
En la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el exvicesecretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN) Ramón Alzórriz ha declarado hoy que la actual presidenta de la Comunidad foral, la socialista María Chivite, le pidió que dimitiera de sus cargos como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario tras conocer que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en la empresa Servinabar: "Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté". La citada dimisión de Alzórriz se produjo ahora hace un año.