Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo ha juzgado la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están imputados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos (exnúmero 2 del PSOE de Pedro Sánchez y exministro de Transportes), por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación y el pasado mes de mayo tuvo lugar la vista oral.
Pues bien: ya tenemos sentencia y es histórica porque es la primera contra el sanchismo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado hoy la sentencia —y además, por unanimidad de los 7 jueces— del llamado 'caso mascarillas', por la que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, recoge la nota de prensa del CGPJ.
El empresario Víctor de Aldama, al que se aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho. El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado
Y sobre todo, con esta sentencia, el Supremo manda un mensaje claro en un momento en el que el sanchismo se encuentra implicado en varios procesos judiciales: colaborar con la justicia, como hizo Aldama tiene premio...
Veremos a partir de ahora cuál es la estrategia que adopta, por ejemplo, Julio Martínez, el amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra...
De hecho, el empresario Víctor de Aldama se ha mostrado "satisfecho" con la sentencia. Y ha añadido: "Que los demás que vienen detrás colaboren".
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular del Juzgado Central de Instrucción número 4-- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. Además, el juez Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor --1,3 millones de euros, según la tasación-- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.
El pasado 18 de junio, el juez Calama llamó a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes", como recogió Hispanidad.
Este fin de semana, El Mundo publicó que tras un almuerzo entre Zapatero y Julio Martínez, este último realizó gestiones para abrir, por medio de Dubái, una sociedad 'offshore' en Emiratos. Pero se da la circunstancia de que, ante el juez Calama, el pasado miércoles, el expresidente del Gobierno aseguró que ignora «qué es una sociedad offshore» y que, por tanto, no ordenó su creación. Esa sociedad offshore en Dubái les serviría para cobrar una comisión por el rescate estatal de Plus Ultra, según el juez Calama. Así que, según esta información, Zapatero miente más que habla...
Más sobre Zapatero. Hoy se ha publicado que el expresidente cobró 200.000€ en 2024 de un empresario que consiguió ese año una mina rica en oro en Perú.
3.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE, en el que figuraban 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.
En relación a este caso, Libertad Digital informa hoy de que Aldama declaró ante el juez Ismael Moreno, ese 12 de marzo, que la sociedad 'Apamate' canalizaba la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez, por medio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Según ha podido saber este medio, "Víctor de Aldama explicó al juez Moreno que la sociedad ‘Apamate Corporate And Trust’ vinculada al banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores, fue empleada en la operación de financiación ilegal del PSOE. Concretamente, dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que sirvieron para financiar de forma irregular al Partido Socialista y la Internacional Socialista que preside Sánchez".
4.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.
Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.
Respecto a este caso, The Objective informa de que la UCO de la Guardia Civil vincula las cloacas del PSOE con una empresa de EEUU que se dedica a labores de fontanería y a la que la trama habría encargado acabar con el fiscal Grinda buscando testimonios (de un presunto delito sexual) en su contra y destinando para ello nada menos que 150.000 euros.
Otro escándalo más del sanchismo...