El candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue investido ayer presidente regional gracias a los votos favorables de Vox.
Cabe recordar que el Parlamento de Andalucía tiene 109 escaños, por lo que la mayoría absoluta es de 55 diputados.
En las últimas elecciones celebradas el 17 de mayo, el PP obtuvo 53 escaños y Vox se hizo con 15.
Por eso, hoy, en una entrevista en la COPE, Juan Manuel Moreno ha señalado que, con ese resultado, "Vox tiene toda la legitimidad para estar en el Gobierno" y para que sus ideas "estén encima de la mesa", "Vox es la tercera fuerza política de Andalucía y es una fuerza legítima".
En esa entrevista Moreno también contado que Vox mostró interés por agricultura, agua, medio ambiente, familia... "Son consejerías, áreas muy políticas que han solicitado y que gestionan en otras comunidades, pero que en una comunidad como Andalucía, no eran las deseables, y hemos tenido diferencias". Finalmente, "en un acuerdo tienen que ceder ambos y ellos cedieron".
Al final el partido de Santiago Abascal ha entrado por primera vez en su historia en la Junta de Andalucía, con una vicepresidencia con competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
Los de Vox también forzaron al PP a aceptar un pacto con 150 medidas que desarrolla un programa muy similar a los pactados por ambas formaciones en comunidades como Aragón, Extremadura o Castilla y León. Es decir, que en el acuerdo no se menciona, con esos términos, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural (contra el aborto o la eutanasia) ni de combatir la ideología de género en los colegios difundida por los colectivos LGTBI, ni de la defensa de la libertad educativa de los padres mediante el cheque escolar. Aunque sí se incluye la "Promoción de campañas de sensibilización y apoyo a la maternidad y a la vida como un bien social". Y se muestra un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas".
En Fiscalidad, se incluye un plan de apoyo a la natalidad, con deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos y según el grado de discapacidad de alguno de los hijos. Y el incremento en un 50% de las deducciones autonómicas por familia numerosa.
En el apartado de 'Inmigración' se especifica: "No más menores no acompañados (MENA) y un "rechazo frontal" a la política inmigratoria del Gobierno central. Y se establece un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal.
En el punto titulado 'Familia', se contemplan medidas como aplicar "de manera efectiva la perspectiva de familia con carácter transversal" en las políticas públicas. Y se "aprobará una ley de familia con el objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas y personas dependientes". "Promoción de campañas de sensibilización y apoyo a la maternidad y a la vida como un bien social".
Respecto a la Sanidad se desarrollará un "plan de cuidado paliativos y control del dolor".
En cuanto a la educación, no se menciona el cheque escolar. Pero se terminará con el programa de lengua Árabe y Cultura marroquí y se muestra un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas"; se contratará a 1.500 profesionales (logopedas, pedagogía terapéutica y Personal Técnico de Integración social para ayudar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Y en el apartado 14, denominado 'Leyes ideológicas', el punto 149 explica que "se garantizará que toda la acción del Gobierno de la Junta de Andalucía se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos. A tal fin, se adquiere el compromiso de revisar y en su caso derogar cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvencionado aciones o ayudas públicas en cuyo desarrollo o efecto práctico actual se demuestren superfluos o ineficientes".
El acuerdo también recoge la prioridad nacional en las ayudas públicas, la prohibición del burka y el nicab en los espacios públicos, y la creación de un servicio que persiga el fraude en los empadronamientos.