Una vez más, se ve el desastre de los laudos de renovables, ahora con una lista de injustos embargos que sigue creciendo. De hecho, ahora suman uno nuevo en EEUU, donde el avión de Pedro Sánchez (el Falcon que tanto le gusta o bien, un Airbus A-310) continúa en el punto de mira y con el riesgo de ser embargado, así como aspectos relacionados con la participación de la Selección Española en el próximo Mundial de Fútbol.
Un juez federal, en concreto, John D. Bates, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha dado la razón al fondo Blasket Renewable Investments por los recortes retroactivos a las generosísimas primas a las renovables que dio el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, según informa El Economista. El juez Bates ha condenado a España a pagar al fondo unos 41 millones de euros (unos 28,2 en indemnización, a los que se suman los intereses acumulados y las costas judiciales), pero como no se prevé el cobro, ha autorizado un embargo por dicha cifra. Asimismo, permite a los acreedores registrar la sentencia en otros distritos federales y continuar con la búsqueda de activos españoles que sean susceptibles de embargo.
Ojo, no sólo están llegando embargos de activos e ingresos de nuestro país en EEUU, sino también en Australia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos… El penúltimo ha sido el de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras los de cuentas bancarias, ingresos de Enaire, edificios, la indemnización del Prestige, etc. Y la lista continuará creciendo, en especial, en EEUU, donde hace unas semanas los impagos relacionados con los laudos ascendían a 688 millones, tras siete resoluciones favorables a los demandantes (empresas y fondos de inversión, así como fondos oportunistas que se han hecho con los derechos de cobro de otros fondos). Ahora, tras el nuevo fallo del juez Bates, se buscarán más activos que embargar… y entre ellos, podría estar el avión de Sánchez (el Falcon o un Airbus A-310) y/o la participación de la Selección Española en el próximo Mundial de fútbol que se celebrará en EEUU, Canadá y México.
Ya saben que el pasado septiembre, los medios diplomáticos y jurídicos españoles temieron el embargo del Airbus A-310 cuando el presidente del Gobierno viajó a la 80ª Asamblea de la ONU. Ahora el temor ha resurgido ante la posibilidad de que Sánchez cruce el océano Atlántico para apoyar a ‘La Roja’ en el Mundial… y el presidente del Gobierno podría tener que hacer lo mismo que Cristina Fernández de Kircher, cuando hace años, siendo presidenta de Argentina, se vio obligada a viajar en vuelos charter a EEUU para evitar el posible embargo de su avión oficial Tango 1. Además, en octubre de 2012, vivió el embargo del buque escuela argentino ‘Fragata Libertad’ en Ghana, como respuesta a la demanda del fondo NML Capital, que exigía el pago de una deuda no incluida en un canje de años anteriores, y que el país hispanoamericano se negaba a pagar. Al final, el buque fue liberado 77 días más tarde, tras intervenir el Tribunal del Mar y la resolución de la deuda con el fondo. ¿Se imaginan que se embarga el avión de Sánchez? Sería otra mancha en su ya lastrada imagen internacional, sobre todo dentro de Europa, donde no pinta nada. Y ojo, también podría ser objeto de embargo un contrato de misiles Patriot firmado ntre la empresa estadounidense Raytheon y el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles.
Unos embargos que son injustos porque el sistema de laudos también es injusto. Antes de entrar en más detalle, conviene recordar el origen del desastre de los laudos: empezó con las generosísimas primas a las renovables que el socialista Zapatero ofreció cuando era presidente del Gobierno, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%... y atrayendo así a gran cantidad de fondos y empresas. Dichas primas se articularon a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con el cordobés José Montilla y después, con el barcelonés Joan Clos. Sin embargo, a este último le sucedió el madrileño Miguel Sebastián, quien empezó a ver la magnitud del problema porque el déficit de tarifa se había disparado a casi 30.000 millones... y comenzó a meter la tijera a las citadas primas en 2010. En diciembre de 2011 acabó la etapa de Zapatero en La Moncloa y se inició la del pepero Mariano Rajoy, quien eligió al grancanario José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo. Este último no sólo dio un fuerte tijeretazo, sino que intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes)... que aún sigue en vigor y que ahora la industria pide eliminar para rebajar sus elevados costes energéticos. Un impuesto que ha eliminado Portugal este año.
Naturalmente, a los que llegaron atraídos por las generosísimas primas no les hizo gracia ni su recorte ni el nuevo impuesto… y empezaron a acudir a los tribunales, pero no fue como esperaban. De hecho, hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero, y apuntó que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, comenzaron a producirse arbitrajes o laudos (donde hay tres abogados: uno por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-.
Es cierto que ha habido tanto fallos en contra de nuestro país como favorables, pero no se ha pagado ni un euro de la cantidad que se pedía como indemnización. Hasta el momento, España debe 2.309 millones a empresas y fondos afectados por el recorte de las generosísimas primas: en concreto, son 1.754,7 millones, que suman otros 545,6 millones en intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas, así como otros costes. Pero no hay que olvidar que como en los arbitrajes hay abogados y estos no pueden dictar sentencia..., en muchos casos los demandantes han acudido a los tribunales ordinarios... y así han empezado a llegar embargos de activos e ingresos. Eso sí, cabe subrayar que EEUU no firmó el Tratado de la Carta de la Energía, acuerdo que se diseñó fundamentalmente para proteger inversiones del sector energético, sobre todo, en Europa y Asia. España anunció su salida de dicho Tratado en 2022 y en 2023, siguiendo los pasos de Italia y Polonia, siendo vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (vicepresidenta europea desde el 1 de diciembre de 2024)... pero el proceso de adiós no se hizo efectivo hasta el 17 de abril de 2025, ya con Sara Aagesen habiendo relevado a Ribera. Sin embargo, aunque nuestro país se ha retirado del tratado, este incluye una cláusula de supervivencia que mantiene las protecciones a los inversores durante ¡20 años más, tras la salida!
Y ojo, a los laudos y los embargos, se suma el hecho de que los contribuyentes seguimos pagando el déficit de tarifa, que se ha convertido en una deuda histórica del sistema eléctrico español y conlleva intereses: cerró en 3.552 millones en 2025, según los últimos datos de la CNMC... y no se liquidará hasta 2028.